Author
Lupita Alvarez EnLíneaDIRECTA

Date
11 Ago 2017(15:56:54)




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-Seg√ļn INEGI.

Cd. Victoria, Tamaulipas.-La primera “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que los detenidos sufren agresiones físicas y psicológicas, y dentro de la cárcel enfrentan hacinamiento y corrupción.

El presidente del organismo, Julio Santaella, coment√≥ que ‚Äúla encuesta es la m√°s grande que se tiene hasta el momento a nivel internacional. En suma, los resultados nos van a dar una radiograf√≠a como nunca se ha tenido del sistema penal mexicano. Intu√≠amos las condiciones de precariedad de la vida penitenciaria, pero ahora por primera vez, las hemos medido‚ÄĚ.

La encuesta que se llevó a cabo en 2016 con más de 64 mil encuestados, reveló que 41.5 por ciento de las personas consultadas fue arrestada sin una orden de detención; de manera precisa, 21.5 por ciento fue extraída de su casa sin el documento y 20 por ciento lo levantaron en la calle.

El 25.5 por ciento de la poblaci√≥n que fue encarcelada en 2016 fue arrestada inmediatamente despu√©s de haber cometido el presunto delito, revel√≥ el director general de Estad√≠stica de Gobierno, Seguridad P√ļblica y Justicia, Adri√°n Franco Barrios.

En conferencia de prensa, precisó que 79.3 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 fue esposada en el momento de su arresto, mientras que en 57.8 por ciento de los casos la autoridad empleó la fuerza física para someterla.

De las personas arrestadas, 75.6 por ciento sufri√≥ alg√ļn tipo de violencia psicol√≥gica, como por ejemplo asilada e incomunicada (58.3 por ciento), amenazada con levantarle cargos falsos (52.5 por ciento), fue desvestida (46.2 por ciento), atados (40.2 por ciento), le vendaron los ojos o la cabeza (39.2 por ciento), le impidieron respirar (35.6 por ciento), entre otros.

Adem√°s, 63.8 por ciento de los arrestados sufri√≥ una agresi√≥n f√≠sica desde patadas o pu√Īetazos (59 por ciento), golpes con objetos (39 por ciento), lesiones por aplastamiento (37 por ciento) descargas el√©ctricas (19.4 por ciento), quemaduras (6.5 por ciento).

En el Ministerio P√ļblico, al momento de rendir declaraci√≥n, 46.6 por ciento sufri√≥ presiones por parte de polic√≠as o autoridades para dar otra versi√≥n de los hechos. De las personas que rinden declaraci√≥n, 47.5 por ciento se declara culpable y 50.2 por ciento no. Una vez dentro del Centro Penitenciario, los internos comparten su celda con m√°s de cinco personas, sobre todo en los estados de Baja California, M√©xico y Jalisco; adem√°s, 82.2 por ciento de los encarcelados en 2016 cont√≥ con una cama propia en su celda, pero 12.5 por ciento dijo compartir su cama.

En materia de seguridad, 19.1 por ciento de la población encuestada se sintió insegura al interior de su celda, mientras que 31.9 por ciento se sitió insegura dentro del centro penitenciario. Los centros que se perciben más inseguros fueron los Centros Penitenciarios de Chalco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Sobre los actos de corrupción, el funcionario destacó que esta práctica se da en todo el proceso, desde el arresto hasta el interior del centro penitenciario, siendo la detención donde se presenta más esta práctica.

El Estado de México (57.9 por ciento), la Ciudad de México (56 por ciento) y Puebla (48.9 por ciento) son las entidades con el mayor porcentaje de personas privadas de la libertad que son víctimas de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión.

El 66.4 por ciento de los reclusos pagó por exentar el pase de lista, mientras que 50.2 por ciento para tener aparatos eléctricos, 42.4 por ciento para cambiar de celda, 37.3 por ciento para salir al patio de visitas, 35.1 por ciento para tener agua potable, 30.4 por ciento para acceso al teléfono, 28.9 por ciento acceder a servicios médicos y 28.7 por ciento para recibir comida.

El 87.4 por ciento del total de pagos ilegales para obtener un servicio o bien, beneficio o permiso al interior del centro penitenciario durante 2016, fue entregado a los custodios y 36.1 por ciento a los internos. A pesar de estas cifras, 94.2 por ciento de los reclusos que fueron v√≠ctimas de corrupci√≥n no present√≥ denuncia o queja por temor a represalias (31.4 por ciento), porque es una pr√°ctica com√ļn (26.6 por ciento), ser√≠a in√ļtil (20.2 por ciento), obtuvo otro beneficio (9.7 por ciento).

Ante este panorama, el presidente del INEGI confi√≥ en que, con estos resultados, autoridades de los tres niveles de gobierno, como los propios centros penitenciarios y las entidades de seguridad p√ļblica, apliquen medidas que corrijan esta condici√≥n.

‚ÄúNo es sorpresa para ninguno de nosotros de lo que est√° ocurriendo en las c√°rceles del pa√≠s, vemos una situaci√≥n de precariedad en distintos aspectos, pero ahora por primera vez sabemos el n√ļmero preciso de personas que comparten su cama con otra persona, de personas que son v√≠ctimas de corrupci√≥n, que pueden identificar qui√©n es el sujeto que los obliga a ser v√≠ctima de la corrupci√≥n‚ÄĚ, puntualiz√≥.
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