JOSé GIL OLMOS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación parece inclinarse por invalidar las leyes locales que permitieron al gobernador de Sonora tratar de bursatilizar deuda pública y manejar recursos del erario mediante un fideicomiso privado. Si se confirma el fallo en el presente agosto, el mandatario priista podría enfrentar cargos legales y heredaría a la administración del panista Guillermo Padrés una pesada carga financiera y un litigio con Banorte.
El Plan Sonora Proyecta, con el cual el gobernador Eduardo Bours prometía elevar los niveles de desarrollo del estado, se tambalea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)…
Una mayoría de ministros de esta instancia estaría por invalidar leyes locales de 2007 que permiten al gobierno estatal endeudarse con 10 mil millones de pesos mediante un fideicomiso privado, recursos que luego se complementaron con un crédito de Banorte por 4 mil 588 millones de pesos y que también podría entrar en litigio.
Al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN se inclinan en este sentido, de acuerdo con un sondeo interno reciente al que este semanario tuvo acceso. De concretarse el fallo, previsto para el mes actual, el gobernador Bours heredaría serías dificultades para pagar los préstamos al gobierno entrante del panista Guillermo Padrés, e incluso podría enfrentar juicios penales, señala el excoordinador de la bancada panista en el Congreso sonorense, Florencio Díaz, actual delegado de la Comisión Nacional del Agua.
“Hay que ver hasta dónde llega la Corte, si se va a fondo y si invalida las leyes que dieron origen al Plan Sonora Proyecta, así como determinar cuál es la responsabilidad del gobernador y cómo se va a resolver el problema de la deuda”, anticipa Díaz, uno de los que promovió el recurso de inconstitucionalidad que está por resolver la SCJN.
En agosto del 2007, el gobernador Eduardo Bours envió una serie de iniciativas de ley al Congreso del estado para crear un fideicomiso de financiamiento que captaría 10 mil millones de pesos mediante la emisión de bonos al mercado bursátil garantizados con activos o el cobro de diversos impuestos como el predial, las nóminas del estado y el cobro de las placas de los automóviles.
En un principio, el diseño de este instrumento fue atribuido al exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, y su empresa de asesoría financiera Protego. Sin embargo, en una carta fechada el 16 de junio pasado, el economista negó ser el autor y señaló a Eugenio Sepúlveda, del despacho White & Case, como el responsable del proyecto de la Ley de Deuda Pública sonorense que contempla este fideicomiso, la cual fue aprobada el 23 de agosto de 2007 con los 16 votos de la mayoría priísta, a la que se sumó un voto del diputado del Partido del Trabajo, Mónico Castillo Rodríguez, que luego fue expulsado de su partido. Así, superaron a los 16 legisladores del PAN y PRD que votaron en contra.
Dos semanas después, el 6 de septiembre, la oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de diversas modificaciones a la Ley de Deuda Pública. El argumento principal es que la Constitución local y la nacional no permiten que una entidad privada, como es un fideicomiso, maneje recursos públicos, como pretende hacer Bours con el Plan Proyecta Sonora.
Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1709 que empezó a circular este domino 2 de agosto.
