PALACIO/Mario A. Díaz Vargas *¿Y los asesores del alcalde?

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DOS MOVIMIENTOS sociales con sendas respuestas represivas evidencian una marcada falta de sensibilidad política entre quienes tienen en sus manos aplicar la ley y su normatividad.

Quienes tienen su modus vivendi de los desechos domésticos depositados en el relleno sanitario, y colonos presuntos invasores de una propiedad privada resintieron los efectos de la fuerza pública y además fueron privados de su libertad.

Los primeros, acusados de bloquear la entrada a la obra que obtuvo el Premio Nacional Hábitat y, los segundos, por supuesta o realmente invadir un terreno propiedad de una organización sindical en la colonia 18 de Octubre.

Independientemente de los argumentos que esgrimen los actores protagonistas en ambos casos, lo lamentables que ante la ausencia de un criterio conciliador se haya optado por enviar a la gendarmería local para detener a quienes la autoridad municipal considera como revoltosos e invasores de terrenos, respectivamente.

En ambos brotes de inconformidad social el diálogo, la conciliación, la prudencia, el saber escuchar y, sobretodo, el análisis concienzudo del origen del problema fueron factores que prácticamente brillaron por su ausencia.

En cambio sí, en toda su intensidad, el abuso del poder, la brutalidad de la fuerza policial, la protección de intereses, la falta de sensibilidad política y, lo más grave, el encarcelamiento de quienes sólo defienden lo que consideran justo y de su propiedad.

Así, mientras quienes vivían de los desechos domésticos en al anterior tiradero de basura al aire libre exigen la promesa incumplida de trabajo en el área que tiene que ver con la limpieza pública, los presuntos colonos invasores sólo defienden lo que dicen haber comprado al ex líder sindical LEOCADIO MENDOZA REYES.

Cierto es que obstaculizar la entrada a una instalación de gobierno como lo es el relleno sanitario y el hecho de tomar posesión de un predio ajeno, son causales de delitos. Sin embargo, a conveniencia, la autoridad sólo tiene ojos para observar la posible comisión de un ilícito y no la necesaria sensibilidad política para atender ese tipo de inconformidad ciudadana.

Los pepenadores, por ejemplo, se sienten traicionados por la promesa incumplida de trabajo a cambio de dejar esa actividad con la que han mantenido a sus familias durante muchos años.

El cierre del tiradero de basura a cielo abierto ubicado por el rumbo del aeropuerto internacional Servando Canales y la puesta en funcionamiento a nivel regional del relleno sanitario ubicado a la altura del kilómetro 22 de la carretera a ciudad Victoria, terminó de un plumazo con el sustento de infinidad de familias.

En su oportunidad, la autoridad municipal prometió reinstalarlos en las cuadrillas dependientes de la Dirección de Limpieza Pública, pero el recorte presupuestal obligó al despido de personal de distintas áreas dejando a su suerte a quienes manifestaron su inconformidad obstruyendo el paso al confinamiento de basura.

La demostración de fuerza de la autoridad local no se hizo esperar, por lo que los inconformes fueron remitidos a la Barandilla de Policía, acusados de revoltosos y facinerosos e impedir el acceso a aquella instalación municipal.

Algo muy similar-en cuanto al uso de la fuerza pública-ocurrió la noche del pasado martes cuando agentes de la Policía Preventiva y Ministerial del Estado, amparados bajo las sombras de la noche arrestaron a colonos por la presunta invasión de lotes en la colonia 18 de Octubre.

Sin diálogo de por medio, en una acción no propia de un operativo policiaco sino más bien relacionado con el terror los supuestos guardianes del orden irrumpieron en las endebles casas de los posesionarios, los arrestaron y consignaron por delitos que, presuntamente, no permiten la libertad bajo caución.

Sin que existiera un resolutivo judicial resultante de un litigio legal, pruebas documentales a los ojos de los encargados de la procuración de justicia, se ordenó el desalojo y consignación de los inconformes.

Lo raro del caso es que ninguna autoridad ha hecho caso a los recibos de pago que han presentado los presuntos invasores, dinero que-aseguran-entregaron al anterior dirigente del SITPME, organización sindical que ahora encabeza JESUS MENDOZA REYES.

A juzgar por los documentos de los inconformes se deduce que los ahora procesados compraron lotes de mayor superficie, mismos que luego fueron fraccionados para venderlos por segunda y tercera ocasión.

Desde luego en una operación en donde no son ajenos ni el sindicato fundador de la colonia 18 de Octubre ni el o los propietarios de la parcela ni tampoco funcionarios municipales que tienen que ver con la autorización de nuevos fraccionamientos.

Desafortunadamente, como siempre sucede, la hebra se revienta por lo más delgado y, en ambos casos, son familias de escasos recursos económicos quienes están resintiendo los efectos negativos de acciones promovidas por algunos vivales con complicidad oficial.

¿Cómo la ve?

Y hasta la próxima.

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