G. HERNáNDEZ Y A. RODRíGUEZ/
Los feminicidios en el noreste del país registran un alarmante aumento en cantidad y, sobre todo, en brutalidad. Según especialistas, no importa el estrato ni el nivel de educación de sus asesinos: obreros, profesionistas, empresarios o narcos consideran a la mujer como objeto de su propiedad. Mientras, las leyes que deberían inhibir la violencia de género son letra muerta.
Monterrey, NL.- Acuchilladas, apedreadas, apuñaladas; asfixiadas, atropelladas o baleadas; degolladas, desmembradas, estranguladas; golpeadas, lanzadas al vacío o quemadas: los asesinatos de mujeres en estados del noreste del país van en aumento, lo mismo que la saña con que se cometen.
Aunque algunos de ellos se relacionan directamente con el crimen organizado, la mayoría es resultado de violencia intrafamiliar. Sin embargo, la brutalidad que exhiben los crímenes domésticos los asemeja a los ejecutados por la mafia. Incluso, cuerpos de mujeres asesinadas han sido localizados en parajes desolados, porque los agresores intentan hacer pasar los crímenes como ajustes del narco.
En entrevista con Proceso, Irma Alma Ochoa, integrante del organismo Artemisas por la Equidad, menciona el caso más reciente ocurrido en Saltillo, Coahuila: Dixie Deyanira Rodríguez Martínez, estudiante de primer año de medicina en la Universidad del Valle de México, desapareció el 6 de noviembre; su cadáver fue localizado 18 días después en un paraje despoblado, ahorcada, en avanzada descomposición.
Mientras se le consideró desaparecida, su familia difundió la imagen de la joven mediante carteles y correos electrónicos, se entrevistó con autoridades, organizó una marcha con parientes y amigos, y acudió a todos los medios de comunicación en la ciudad pidiendo ayuda para encontrarla.
Finalmente, el 24 de noviembre, la Fiscalía General del Estado informó que el padrastro de la joven, Óscar Zapata Villanueva –quien inclusive había participado en la búsqueda–, confesó haber asesinado a Irma y condujo a la policía al sitio donde había abandonado el cuerpo, en un paraje de la carretera Saltillo-Torreón.
Artemisas por la Equidad comenzó a detectar este tipo de casos desde 2000; el denominador común es que los asesinatos han sido brutales. Para la activista, la inseguridad en la región, producto de la delincuencia organizada, “lleva a creer a personas conocidas por las víctimas que pueden cubrirse, piensan que no los van a inculpar”.
Casos similares se presentan en Tamaulipas. Apenas el pasado 14 de noviembre, Juana Ángeles Cortez, una obrera de la maquiladora Corning de Reynosa, fue encontrada envuelta en cobijas, semicalcinada en el interior de una camioneta en llamas abandonada en una brecha. Presentaba nueve heridas de arma punzocortante en el cuello y señales de haber sido violada.
Aunque en un principio se especuló que este homicidio era obra de bandas delictivas, la Policía Ministerial del Estado identificó al novio de la víctima, Felipe Linares Ortiz, como el autor material del crimen. El presunto responsable está prófugo.
Nayma Karina Balquiarena Pérez, presidenta del Centro Asistencial “Vive Mujer” en Ciudad Victoria, dice que tres factores se conjugan para exacerbar los riesgos de que las mujeres sean víctimas de violencia en esta entidad: el clima de impunidad y brutalidad generado por la presencia del crimen organizado, el alza en el consumo de drogas y alcohol, y el desempleo provocado por la crisis económica.
En Reynosa, donde se han cometido 12 de los 33 feminicidios ocurridos en Tamaulipas en lo que va de este año, la percepción de inseguridad y vulnerabilidad para la mujer es tal que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal decidió impartir cursos de defensa personal a periodistas, estudiantes universitarias, obreras y amas de casa.
“Se dan muchos casos de violencia intrafamiliar, especialmente agresión hacia la mujer. Por eso es que estamos brindando estos cursos para que ellas mismas se defiendan, que no esperen que alguien les brinde ayuda y que pongan su vida a salvo” declaró a los medios locales Víctor Hugo Hernández Garza, uno de los instructores.
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1726 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 29 de noviembre.
