PALACIO/Mario A Díaz Vargas *Panorama sombrío

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ANTE la grave problemática que enfrenta el gremio periodístico en el país en lo que a inseguridad y riesgo para ejercer la profesión se refiere, el caso fue abordado durante los trabajos de la IX Asamblea del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) que preside el colega chihuahuense ROBERTO PIÑON OLIVAS.

El vacío que ha mostrado la LXI Legislatura Federal en San Lázaro para dar continuidad a la Comisión Especial de Seguimiento a Atentados a Periodistas y Medios de Comunicación, y más de lo mismo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como consecuencia del nombramiento del nuevo “ombdusman”, son situaciones sumamente preocupantes para los trabajadores de la información.

Ambos asuntos son parte medular del Manifiesto Durango surgido durante la asamblea trimestral de la FAPERMEX celebrada hace una semana en la ciudad de Durango, Durango.

Asimismo, forma parte del documento la urgente necesidad de reformas legislativas para constituir una Comisión de Riesgo y un Protocolo de Seguridad del Periodista, ante el embate de la autoridad federal para los representantes de los medios de información, que tan sólo cumplen con su misión periodística, durante acciones en contra del crimen organizado.

El Manifiesto Durango tiene sustento en base a lo establecido en el Artículo 21 de la Carta Magna que precisa la obligación del estado de velar por la seguridad, la prevención de los delitos, la investigación y persecución de sus perpetradores, así como el respeto a los Derechos Humanos.

La deliberación y análisis del pleno de los consejeros de esa agrupación con presencia a nivel nacional dio paso al documento que fue leído públicamente, durante el acto de clausura de los trabajos de la asamblea trimestral celebrada en tierra duranguense.

Lamentable, muy lamentable para los comunicadores y medios de información que, a tres meses de haber tomado posesión los nuevos diputados federales, hasta el momento no se haya autorizado la instalación de la Comisión Especial que en la anterior legislatura presidía el tabasqueño GERARDO PRIEGO TAPIA.

Lo peor del caso es que la apatía de los representantes en el parlamento azteca automáticamente maniata la posibilidad de que la Comisión Especial sea elevada a rango de Comisión Ordinaria.

Sólo con la modificación anterior, el gremio periodístico organizado sería escuchado en la máxima tribuna del país y no estaría sujeto a la intervención de las comisiones ordinarias que tienen que ver con la justicia y puntos constitucionales como ocurrió a lo largo del período de la LX Legislatura Federal.

La Ley Federal de Bienestar Social para los Periodistas y sus Familias, el Secreto Profesional del Periodista, la Cláusula de Conciencia, la derogación en los estados de los delitos de Difamación y Calumnia habrán de continuar en un compás de espera en perjuicio de los trabajadores de la información.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la continuidad albiazul en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el relevo del ahora ex titular JOSE LUIS SOBERANES, es otro golpe terrible para los periodistas y comunicadores mexicanos.

Por tal motivo, el Manifiesto Durango contempla la exigencia de consolidar el organismo de la Sociedad Civil que habrá de defender con compromiso, ética y valor, los agravios a los representantes de los medios de comunicación.

Al respecto, cabe señalar que EMILIO ALVAREZ ICAZA, quien no lograra el consenso legislativo para presidir la CNDH, encabeza ahora un grupo paralelo defensor de los derechos humanos con mayor sensibilidad social, no atendiendo la consigna gubernamental.

Como consecuencia de la agravada problemática que enfrenta el gremio periodístico, uno de los acuerdos tomados durante la IX Asamblea de la FAPERMEX contempla la solicitud de apoyo de los diputados federales en cada una de las entidades.

Cabe señalar que la agrupación tamaulipeca Comunicadores Unidos A.C. que preside quien esto escribe, entregó por escrito tal solicitud a la entonces candidata del PAN a la diputación federal LETICIA SALAZAR VAZQUEZ quien se comprometió a dar seguimiento a esa iniciativa.

Lo anterior ocurrió durante la exposición de su plataforma electoral ante esa fortalecida asociación civil que aglutina a periodistas y comunicadores de prensa, radio, televisión y medios cibernéticos, cuando buscaba la curul federal por mayoría relativa.

Las constantes acciones de las fuerzas federales en contra de los cárteles de la droga y el crimen organizado han traído a la par los abusos de la Policía federal y Ejército Mexicano en contra de los comunicadores que tan sólo cumplen con su deber de informar.

El decomiso de sus herramientas de trabajo, las memorias de sus cámaras fotográficas, además de agresiones físicas han dado pauta para exigir al Gobierno Federal constituir la Comisión de Riesgo y el Protocolo de Seguridad.

Como es evidente, las condiciones actuales obligan a los trabajadores de la información a organizarse y unificarse ante el elevado riesgo para ejercer su profesión.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx

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