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Marcelo Ebrard será quien pague el costo inmediato de haber presionado judicialmente a Rafael Acosta, Juanito, a pedir licencia como jefe delegacional de Iztapalapa, y proponer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Clara Brugada, como la sustituta definitiva.
El jefe de Gobierno quedó en los medios como un político subordinado al excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien creó a Juanito y lo manipuló como candidato subrogado para que se hiciera su voluntad de que Iztapalapa quedara en manos de alguien que no apareció en las boletas de votos. Visto en el primer plano, en efecto, Ebrard siguió el guión de López Obrador a costa de todo y se subordinó vergonzosamente ante él. Visto en el mediano plazo, Ebrard rescató para sí mismo la posibilidad de la candidatura presidencial.
Ebrard es reconocido como un buen gobernante por la ciudadanía, que lo mantiene alto en los niveles de aprobación, visto como un político apto por el gobierno federal, al que ven con respeto, y respetado por los liderazgos del PRI, que pactaron con él no romper hostilidades con fines electorales. Pero al mismo tiempo, no tiene bases dentro del PRD, y depende de otros para gozar de fuerza política, sobre todo, de López Obrador y los sectores de la izquierda más radicales que son sus incondicionales. Sin López Obrador, Ebrard jamás hubiera sido jefe de Gobierno. Sin el acuerdo de las tribus perredistas coaccionadas política y moralmente por López Obrador, Ebrard no hubiera avanzado.
La única tribu perredista que se le enfrentó durante sus primeros tres años de gobierno, fue la que encabezan René Arce y Víctor Hugo Círigo, que se encuentran en el proceso de romper con su corriente matriz, Nueva Izquierda, e irse definitivamente del PRD. Arce, que es senador, y Círigo, actual diputado federal y que en el primer trienio del gobierno de Ebrard fue líder de la ALDF, controlaron durante casi una década Iztapalapa, y en la lucha por la jefatura delegacional que se puso en juego este año, se enfrentaron a todas las corrientes del PRD -incluidos los liderazgos de Nueva Izquierda-, que articulados por Ebrard decidieron romper con ese monopolio político.
Clara Brugada fue la candidata de todas las corrientes del PRD para enfrentar a Silvia Oliva, esposa de Arce, quien por medio de ella quería mantener el control literalmente familiar que tenían en Iztapalapa. El proceso de selección de candidato generó un conflicto que terminó en el Tribunal Federal Electoral -cuya presidenta, María del Carmen Alanís, es amiga cercana de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón-, el cual eliminó casillas donde había ganado Brugada, con lo cual fallaron a favor de Oliva, como candidata a la jefatura delegacional, en vez de enviar la decisión al Instituto Electoral capitalino. A la acción de pinzas de Los Pinos-Tribunal Federal Electoral, vino la reacción de López Obrador en la imposición a Juanito como candidato subrogado.
La manipulación de los recursos democráticos que hizo López Obrador con Juanito para cumplir su objetivo es indudable. Pero las acciones de Ebrard pueden verse desde otra perspectiva si se desdoblan los antecedentes y se ubican en su contexto. Ebrard, que luchó contra la dupla Arce-Círigo, que le bloquearon todo lo que pudieron en la ALDF, no iba a ayudarlos a recuperar Iztapalapa. De hecho, una de las estrategias de la última campaña electoral fue quitarles toda la fuerza posible, lo que sucedió al arrebatarles el control de la ALDF. En este sentido, la solución Juanito al caso Iztapalapa fue consistente con el objetivo de anularlos. El manejo que hizo López Obrador de todo el episodio alrededor de Acosta, subió el costo, pero no modificó la intención de fondo.
Lo que sucedió entre la solicitud de licencia definitiva de Acosta y la designación de Brugada a la ALDF, tiene que enmarcarse en el contexto de las alianzas de la izquierda a nivel nacional, no en el microcosmos de la capital federal. Ebrard invirtió enorme capital político para lograr el voto a favor de Brugada, que en la víspera no tenía seguros ni los 34 votos del PRD, y tenía en contra al PRI. Al mediodía del sábado, había ganado con 20 por ciento más de votos de los que necesitaba, que incluía a todo el PRD -con los siete de Nueva Izquierda, a la que pertenece Arce-, el PT, y el PRI y el Verde casi en su totalidad. No se sabe qué resortes movieron para que Nueva Izquierda, el PRI y su satélite el Verde, cambiaran el voto, pero Ebrard los logró.
El costo inmediato es que lo verán hacia fuera como un títere de López Obrador. Pero hacia adentro de la izquierda, cumplió con un acuerdo político -lo que explica también la postura institucional de Nueva Izquierda- que forjaron días antes el PRD, el PT y Convergencia, de dejar de seguir peleándose entre ellos, porque sólo estaba beneficiando a sus adversarios, particularmente al PRI, y de establecer el método para seleccionar candidatos de unidad a puestos de elección popular, que resultarán de apoyar a aquel o aquella que se encuentre mejor posicionado en el momento de la selección.
Ebrard apostó fuerte con Brugada. Podría haber ido por lo que parecía políticamente menos riesgoso, la tercera opción, donde si no era Juanito tampoco ella. Pero hubiera ido directo contra López Obrador, cuyos leales le enviaron un mensaje claro durante el encuentro refundacional en Cocoyoc el fin de semana previo, donde Lenia Batres, hermana de su secretario de Desarrollo Social, encabezó una ruidosa manifestación de repudio contra el jefe de Gobierno. López Obrador se había jugado todo con la ecuación de Brugada, y una derrota, añadida a la sorna nacional por su Juankestein, perjudicaba más a Ebrard que al tabasqueño en el largo plazo.
Eliminar a Brugada era acelerar el rompimiento con López Obrador. Ebrard no está en condiciones de hacerlo ahora. Pero tampoco más adelante, salvo que estableciera una alianza política con otra tribu dentro del PRD. De cierta forma, su falta de arraigo en el partido lo ancla a sus tribus. Pero al mismo tiempo, es lo más presentable que tiene la izquierda para 2012. Lo sabe él, quien necesita mantenerse sin descarrilarse y sin pelearse con quien detenta, guste o no, entre 4 y 6 por ciento del voto nacional, suficientes para decidir una elección presidencial.
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