Riesgosa, la distracción por campañas políticas

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-AN pide medir con “la misma vara” a todos los aspirantes a un cargo electoral.

-Senadores de oposición (PRI y PRD) calificaron de riesgoso para el país el hecho de que los secretarios de Educación, Alonso Lujambio; de Salud, José Ángel Córdova, y de Hacienda, Ernesto Cordero, compartan su trabajo en el gobierno federal con actos relacionados con sus aspiraciones políticas.

EL UNVERSAL/EnLineaDIRECTA.

Sin embargo, el senador del PAN y ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, pidió medir con “la misma vara” a todos y dijo que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y gobernadores de otros partidos, como Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Fidel Herrera, de Veracruz, están en campaña y ahí no “hay ojos críticos”, lo mismo pasa con mandatarios panistas como el de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y el de Jalisco, Emilio González, o la perredista Amalia García, de Zacatecas.

El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, afirmó a su vez que es “riesgoso” para el país que los encargados de áreas estratégicas se distraigan con intereses partidistas y electorales.

Les hizo un llamado para que cumplan con el encargo que les asignó el presidente Felipe Calderón en la función pública.

“Es de alto riesgo que si Lujambio tiene la tarea de mejorar la educación, se distraiga con proselitismos adelantados”.

Aureoles dijo que en el caso de Guanajuato, no está peleada la intención de Córdova, pero debe cuidar los tiempos y no usar recursos públicos. Lo mismo opinó para Ernesto Cordero.

“Es riesgoso para el país si mezclan sus aspiraciones partidistas con la administración pública”.

El senador del PRI, Francisco Labastida Ochoa, se refirió sólo a los casos de Córdova y de Lujambio, pues dijo no tener información sobre el caso de Cordero; afirmó que actúan en contra de la ley y afectan el buen entendimiento y las posibilidades de negociación entre partidos.

Consideró que en ambos casos sí hay indicios claros de que están haciendo campaña de proselitismo usando el cargo en favor de un partido y si las cosas continúan, y hay evidencias y pruebas fehacientes de ello, lo que procede es presentar una queja documentada ante los órganos electorales correspondientes, aunque pidió esperar a tener pruebas y hechos.

“Ni ayudan al buen entendimiento entre partidos e infringen la ley… no ayuda a la resolución de los problemas sustantivos del país”.

Sobre la postura del panista Alberto Cárdenas de criticar también a otros gobernadores como Peña Nieto, coincidió en medir “con la misma vara”, pero rechazó que se trate de igual caso.

Asentó que el del gobernador mexiquense es similar al de Ernesto Cordero, pues sus actos sólo tienen una connotación específica, y no es igual que tener un evento especial para promocionarse como en los otros casos.

“Tengo la sensación de que lo que dice es cierto, hay que utilizar ‘la misma vara’ para medir a todos”.

Cuidar formas y métodos

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alberto Cárdenas consideró que funcionarios de todos los partidos tienen derecho a aspiraciones políticas personales, pero lo que hay que cuidar son las formas y los métodos, y sobre todo, nunca descuidar su tarea primordial.

Dijo que cualquier error o falla en estos funcionarios, no sólo haría que su carrera se trunque, sino también el país en la salud, la educación y la hacienda pública se verían afectadas.

“Luego, las cosas se darán para el que tenga que salir adelante, pero lo primero son los resultados, no los discursos ni las buenas intenciones”.

En ese sentido confió en que sus ex compañeros del gabinete no descuiden por nada del mundo sus tareas. “Los conozco a los tres y sé que no van a descuidar ninguna actividad importante”.

Que ASF intervenga

En San Lázaro, la oposición demandó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue las actividades de los secretarios de Salud, Educación y Hacienda, señalados por su promoción política y partidista, lo cual pone en riesgo que esas áreas de gobierno incurran en fallas y omisiones, respecto del ejercicio del gasto autorizado por la Cámara de Diputados.

PRI, PRD y PT reclamaron al presidente Felipe Calderón que su gabinete actúe con ética y con respeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en tanto que el PAN alegó que no hay una definición clara de cuándo y cómo es legal o ilegal ocupar los fines de semana en tareas de partido.

La diputada Esthela Damián (PRD), presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, pidió que se aclare cuándo se incurre en actos anticipados de campaña.

En los casos de los secretarios de Salud, Educación y Hacienda, la perredista comentó que la Cámara de Diputados y la ASF deben revisar los episodios en que han sido protagonistas.

Dijo que José Ángel Córdova, Alonso Lujambio y Ernesto Cordero deben de ser llamados a San Lázaro (eventualmente por la Comisión de Gobernación), para que establezcan sus aspiraciones, y cómo las resguardan de no incurrir en conflictos de interés.

El PRI, en voz del diputado Antonio Benítez Lucho, secretario de la Comisión de Salud, rechazó que Córdova lleve al día los asuntos de la dependencia. Urgió a Calderón a llamar a sus secretarios a cumplir con ética el servicio público y renunciar si prefieren probar suerte en competencias electorales. “No es legal y de manera velada usan los programas sociales”.

Mario Di Costanzo (PT), secretario de la Comisión de Vigilancia, acusó un alto monto de gastos de los secretarios en su operación oficial, que se refleja en demasiados asesores que desarrollan —aseguró— el trabajo de la dependencia y preparan las giras en el país.

Lujambio gasta 14 millones de pesos al año; Córdova, cinco millones de pesos, y Cordero, tiene asignados nueve millones de pesos, especificó Di Costanzo, integrante del equipo de Andrés Manuel López Obrador en el movimiento en defensa de la Economía Popular.

El panista Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que nada ilegal puede haber en las actividades partidistas de destacados panistas, siempre que no incurran en gastos con dinero público, ni en horarios formales de trabajo.

La legalidad o ilegalidad de los actos partidistas de los funcionarios de todos los partidos es una discusión que debe definirse con claridad en la ley.

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