– El Ingeniero Eugenio Hernández Flores, ratificó su compromiso de realizar acciones para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Tamaulipas.
Los días 18 y 19 de enero de 2009, se llevó a cabo el Seminario “la Implementación de la Reforma Penal en Tamaulipas”.
Así lo informó el licenciado Manuel Miranda Castro, titular de la Unidad de Apoyo para la Implementación de la Reforma Constitucional en materias de Seguridad y Justicia, adscrito a Secretaria General de Gobierno.
Dicho evento fue realizado en coordinación con el Poder Judicial del Estado, y contó con la presencia de representantes de los diversos actores involucrados en la reforma constitucional, como magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado, mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Publica, de la Procuraduría General de Justicia, del Instituto de Mediación en Tamaulipas, del Instituto de la Defensoría Pública, de la Consejería Jurídica, de la Secretaria General de Gobierno, así como representantes de la Academia y del Foro Jurídico.
El Seminario fue impartido por diez investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, expertos en la materia, los cuales cuentan con estudios de posgrado y experiencia en la capacitación de servidores públicos, y expusieron los temas siguientes: Implementación de los mecanismos alternativos para resolver conflictos en materia penal; Temas selectos de la miscelánea penal 2008- 2009; El Derecho Penal y la reforma al sistema de justicia penal; Mitos y realidades sobre los juicios orales; Análisis sobre la implementación del sistema acusatorio en México; Derecho Penal Internacional y la Reforma; La actuación de los peritos en el nuevo sistema de justicia penal; La carpeta de investigación y el juez de Control; Reinserción Social. Nueva base para la política penitenciaria; Análisis de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y su impacto en la procuración de justicia.
Con tales acciones, se fortalece el proceso de preparación de la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal, la cual incluye la realización de juicios rápidos, transparentes, orales y públicos, para lograr eficacia y agilidad en la solución de conflictos y con ello mejorar el sistema de justicia penal.
