EL NUEVO golpe a la economía familiar que se veía venir finalmente llegó y, además, con la “bendición” de la autoridad respectiva.
A partir del sábado, concesionarios y permisionarios de unidades de transporte colectivo en zona urbana aumentaron en cincuenta centavos el costo de ese necesario servicio urbanístico.
La falta de empleos, los bajos salarios, el incremento en el precio de la canasta básica y lo caro de los servicios energéticos son factores que de por sí tenían agobiados a los jefes de familia, por lo que la nueva autorización oficial viene a agravar su situación.
Como era de esperarse, las manifestaciones de inconformidad por parte de los usuarios no se hicieron esperar, aunque, claro está, como dice el dicho “palo dado ni Dios lo quita”.
Previo estudio socioeconómico de la Dirección General del Transporte Público en el Estado a solicitud de los empresarios de esa lucrativa actividad la nueva tarifa es de 6 pesos cincuenta centavos para el pasaje normal y cinco pesos el cobro a los adultos mayores.
El acuerdo establece un análisis posterior con la presencia de líderes estudiantiles para fijar el costo del boleto para los estudiantes de los distintos niveles educativos.
Concesionarios y autoridad estatal argumentan a favor del incremento en ese servicio el nuevo precio de combustibles y lubricantes, y que la tarifa anterior se había sostenido a lo largo de dos años.
El ingeniero GONZALO TREVIÑO ALANIS, delegado de la Dirección de Transporte Estatal, y JUAN BAEZ BALDERAS, líder sindical de los trabajadores del volante, han sido blanco de las naturales críticas de los usuarios.
El argumento más socorrido por parte de los inconformes es enfático en el pésimo servicio que ofrecen quienes lo prestan aunado a las unidades chatarra que utilizan en sus distintas rutas.
También el trato grosero de los choferes y, sobretodo, el constante riesgo del pasaje por la competencia entre éstos por captar el mayor número de usuarios, por lo que la violación al reglamento vial está a la orden del día.
Desde luego que la inconformidad ciudadana tiene sustento, máxime que en cada ocasión que el gobierno estatal autoriza aumento en la tarifa, a la par surge la promesa de los concesionarios para mejorar la calidad del servicio.
Sin embargo, la desfachatez e incumplimiento de los empresarios y el desdén o contubernio de la Dirección General del Transporte Público en el Estado permiten que las promesas queden precisamente en eso.
Si al menos se exigiera mejoría en el trato y servicio, además de retirar de circulación las unidades de trasporte que registran condiciones mecánicas no aptas para brindar las mínimas condiciones de seguridad, el incremento a la tarifa tendría más soporte.
No obstante, como no se le pueden pedir peras al olmo, ni tampoco honestidad de la autoridad estatal respectiva, ni mucho menos seriedad a quienes se dedican a esa lucrativa actividad a pesar de que afirmen lo contrario, lo cierto es que los usuarios de ese indispensable servicio habrán de seguir pagando las consecuencias.
Ni hablar.
DESDE EL BALCON:
La valiosa e imparcial intervención del Procurador de Justicia en el Estado, JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO; del Segundo Subprocurador, JESUS DE LA GARZA CASTRO; del Director de Averiguaciones Previas, ALEJANDRO PEREZ; del Delegado de la Procuraduría Estatal en Matamoros, EMILIO SALAZAR GARCIA, y del Agente Cuarto del Ministerio Público, MIGUEL ÁNGEL RIOS SAN JUAN, permitieron destrabar un espinoso asunto de tipo gremial.
Desde luego que todo el esfuerzo mediador no hubiese prosperado sin la actitud pro positiva que atinadamente adoptaron las partes en pugna.
Enhorabuena por el gremio periodístico, la sociedad matamorense, las autoridades encargadas de la procuración de justicia y, por supuesto, los mejores deseos de éxito a una nueva organización gremial y sus líderes.
Ni vencedor ni vencidos.
Y hasta la próxima.
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