Georgina Olson
Excélsior
Distrito Federal— En los últimos 9 años varios estados de la república han aumentado enormemente el gasto en burocracia, dejando estancada la inversión en obra pública lo que ha desembocado en situaciones graves como fue la falta de presupuesto para atender la tragedia de las inundaciones en Tabasco en 2007, y esa mala distribución del presupuesto podría generar otras crisis sociales y políticas en otros puntos del país.
“En Tabasco, de acuerdo al INEGI, desde el 2000 aumentó en 36 por ciento el presupuesto en servicios personales y disminuyó en 40 por ciento la inversión en infraestructura…para cuando llegó el Huracán no había dinero ni para tapar un bache, las inundaciones no fueron provocadas por un fenómeno natural sino por la negligencia fiscal” expuso Juan Ernesto Pardinas, Director del Área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de la Competitividad en la mesa de análisis “Transparencia en el Gasto Federal” del IFAI.
En el caso de Tabasco el gasto en burocracia depende de ingresos fluctuantes que provienen del petróleo y que no pueden sostenerse, paradójicamente toda la infraestructura contra inundaciones proviene del gasto federal porque el estado no tiene suficientes recursos para poder invertir en eso.
Para Pardinas el gasto excesivo en burocracia también se presenta en otros estados como Veracruz, Campeche, Michoacán y Jalisco, entre otros, y habló de que es fundamental que la ciudadanía conozca como se usa el presupuesto de su estado.
Advirtió además que también en el Gobierno Federal ha crecido desmesuradamente el gasto en burocracia: “por ejemplo en la subsecretaría de educación básica, la que está a cargo del yerno de Elba Esther Gordillo, ha habido una explosión de direcciones adjuntas, el problema es que el Gobierno Federal no ha sido disciplinado en presentar información sobre el empleo público”.
Jaqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI, planteó que aunque ha habido avances importantes en materia de transparencia y acceso a la información, falta un largo trecho que avanzar sobre rendición de cuentas: “en el índice latinoamericano de transparencia presupuestal descendimos 2 lugares en el mismo año y en el índice de voz y rendición de cuentas el país perdió un punto” advirtió.
Pardinas advirtió que en otros estados como Guerrero se han presentado situaciones extremas provocadas por un gasto excesivo en burocracia: el año pasado algunas oficinas de ese estado cerraron sus puertas durante semanas para ahorrar en luz y en agua, hecho que para el investigador es sólo “la punta del iceberg” de una crisis fiscal mayúscula.
“Situaciones como la Oaxaca en el 2006 donde los maestros pedían una homologación salarial o el cierre de Luz y Fuerza del Centro tienen que ver con un uso ineficiente del presupuesto…lo que sucedió en Oaxaca y en Guerrero es la anticipación de una crisis política generada por un mal uso del presupuesto” aseveró.
A su vez Luis Foncerrada Pascal, director general del general del centro de estudios económicos del sector privado (CEESP), coincidió con Pardinas y destacó que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación no están cumpliendo con su función y que deberían cerrarse y “ese presupuesto estaría mucho mejor empleado en tener más camas de hospital o mejores escuelas”.
Foncerrada Pascal propuso que en lugar de la SFP o la ASP se cree un órgano independiente que supervise la rendición de cuentas de las entidades de gobierno.
Un paso inmediato que tiene que adoptar el gobierno federal, los estatales y los municipales es un programa de software donde se detalle en qué se gasta el presupuesto, quien lo gasta y quienes proveen los servicios al gobierno “para acabar con las prevendas” aseveró.
