Ivonne Melgar
Excelsior.com
Con el argumento de que las prácticas monopólicas dañan la imagen internacional del país, el presidente Felipe Calderón habló de la necesidad urgente de “desterrarlas”, al volver ayer a la defensa de su iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia.
Reunido con empresarios y proveedores que venden y suministran servicios a la administración pública federal, el Ejecutivo vinculó dicha propuesta legislativa con el crecimiento económico.
En la apertura de la Expo Compras de Gobierno 2010, Calderón habló de la importancia de promover reformas estructurales, “profundas” y necesarias para México, y “no sólo aquellas que resulten de cierta conveniencia política o electoral”.
Centró sin embargo su mensaje en el proyecto de ley antimonopolios enviado a la Cámara de Diputados; la describió como una reforma que “responde a la urgente necesidad de fortalecer la competencia en los mercados mexicanos”.
Con sanciones de cárcel y económicas equivalentes a 10% de los ingresos de los negocios que incurran en prácticas monopólicas, dicha iniciativa fue presentada el pasado 5 de abril.
De entonces a la fecha, el Presidente la ha defendido cada vez que aborda el tema de los cambios de fondo que, señala, el país requiere.
Ayer añadió el argumento de que se trata de una iniciativa en beneficio de los pequeños y medianos empresarios, y que así los consumidores tendrían mayor acceso a productos, servicios e insumos de mejor calidad y precios.
Alegó que más competencia significa bienestar, innovación, inversiones y empleos.
Equiparó entonces la búsqueda de mercados más competitivos con “prácticas oligopólicas o monopólicas desterradas”.
Y detalló que concretar la reforma “significa también un incremento en la competitividad de México como país y un aumento en la percepción positiva de la imagen internacional de nuestra nación.
“Significa continuó la posibilidad de que la economía mexicana, más que ser estigmatizada o señalada por prácticas de este tipo, sea reconocida como una economía abierta, competitiva, verdaderamente impulsora del desarrollo del país.”
Planteó que una de sus metas sexenales es “transformar la estructura de la economía mexicana” e insistió en que para tal propósito “hoy más que nunca” deben realizarse cambios que impulsen dicha competitividad y un crecimiento “con mayor dinamismo” que genere los empleos que “tanto necesitan las familias mexicanas”.
Sostuvo el presidente Calderón que en la búsqueda de una economía competitiva, su administración se ha caracterizado por “una política de apertura” que permita a los pequeños y medianos empresarios (Pymes) adquirir “insumos internacionales” bajo mejores condiciones.
Con ese mismo fin, enumeró, a nivel del mercado interno, su gobierno ha promovido compras en beneficio de las Pymes.
“Queremos construir una nueva forma de hacer negocios con el gobierno, con absoluta transparencia, sin componendas, con absoluta claridad y justicia para todos, y protegiendo, desde luego, los recursos de los mexicanos, que mucho trabajo cuesta aportarlos a los gastos públicos”, prometió.
El mandatario aseguró que las acciones económicas de su administración “están dando resultados”, y que la promesa de finales de 2009 de que éste sería el año de la recuperación ya se está cumpliendo.
Calderón ejemplificó su dicho con el anuncio de que hasta el 15 de abril se han acumulado 307 mil nuevos empleos formales en lo que va de 2010. “No son encuestas, no son estimaciones”, dijo, sino oportunidades laborales mayoritariamente creadas en los sectores industrial y manufacturero.
Sin embargo, admitió que todavía falta que “esta recuperación económica en curso se extienda a todos los sectores, especialmente a aquellos que aún se encuentran rezagados”.
Confió en el empuje que para la economía representará la canalización este año de 46 mil millones de pesos para adquisiciones y compras gubernamentales, una cifra que, comparó, triplica la de 2009 y que beneficiará a 30 mil Pymes.
Pidió a los empresarios que le venden al gobierno denunciar cualquier irregularidad que observen por parte de funcionarios.
Pormenorizó Calderón que dichos casos deberían presentarse ante los órganos internos de control, a través de la Secretaría de la Función Pública o directamente en la Oficina de la Presidencia.
“Porque no estamos dispuestos a tolerar actos de corrupción en las compras de gobierno, en cualquier nivel”, ofreció.
