PALACIO/Mario A. Díaz Vargas *¿Sin el beneficio de la duda?

DE MANERA un tanto irresponsable, algunos informadores están prejuzgando a los ahora candidatos electos sin conceder, al menos, el beneficio de la duda.
Que si ALFONSO SANCHEZ GARZA presidirá acotado el ayuntamiento, que si CARLOS VALENZUELA VALADEZ supuesta o realmente hizo mal uso de despensas federales, que si DANIEL SAMPAYO SANCHEZ es diputado por capricho del ex gobernador TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, y que la maestra ROSA ICELA ARIZOCA no tiene arraigo popular y es una desconocida son los argumentos más recurrentes en algunos medios de comunicación.
Si las críticas y señalamientos públicos tienen fundamento o no, lo cierto es que los antes mencionados son funcionarios electos avalados, primero, por la confianza de los ciudadanos que acudieron a las urnas electorales y, segundo, por la autoridad electoral que les entregó su constancia de mayoría.
En consecuencia, una vez concluido el proceso electivo y en base a la voluntad ciudadana, es incorrecto que se ofenda la inteligencia de los electores que aceptaron, con su sufragio, tales representaciones en la alcaldía y en el Congreso Local, a partir del año próximo.
Si a pesar de los señalamientos antes mencionados ALFONSO SANCHEZ es presidente municipal electo y diputados electos CARLOS VALENZUELA, ROSA ICELA ARIZOCA y DANIEL SAMPAYO, amén de que los candidatos opositores han aceptado la voluntad ciudadana reflejada el pasado domingo, luego entonces es tiempo de cerrar la página y aplicar la crítica constructiva.
Tomando en cuenta que el periodismo es un servicio a la sociedad y por lo tanto una relevante responsabilidad, menos aún se justifican críticas destructivas.
Por el contrario, los medios de comunicación deben asumir su compromiso social y, en todo caso, denunciar falsas promesas o apatía legislativa.
Obviamente, tal postura sólo será posible luego de que los funcionarios electos asuman sus respectivas responsabilidades para tener elementos que permitan evaluar su actuación como tales.
Juzgar a cualquier servidor público sin tan siquiera haber tenido la oportunidad de demostrar su supuesto o real espíritu de servicio resulta una postura ciudadana no objetiva y, peor aún, cuando esta procede, en esas condiciones, de un periodista o comunicador.
Con todo y los “pecadillos” que les colgaron durante la campaña proselitista a ALFONSO, ROSA ICELA, CARLOS y DANIEL, lo cierto es la voluntad de los ciudadanos que acudieron a votar, entiéndase bien, nada más de los que acudieron a sufragar, avalaron sus candidaturas y ahora son ya funcionarios electos.
Es decir, ni las despensas ni el capricho ni la falta de arraigo, fueron impedimento para que los matamorenses que cumplieron con su deber cívico confiaran en sus ahora representantes en la siguiente legislatura local.
Lo único claro y que no deja margen para la duda es que los diputados electos lograron convencer a los ciudadanos electores con todo y señalamientos de la vox poppuli y algunos informadores.
Lo anterior trae a colación algunas promociones que lleva a cabo la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) tanto al interior de sus 106 asociaciones en todo el país, como en el Congreso Federal.
Respetar el código de ética de la Federación que establece que el periodismo debe considerarse como un servicio a la sociedad, es parte medular de ese documento del gremio periodístico organizado.
La promulgación de la Cláusula de Conciencia es otra de las luchas de la FAPERMEX en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Mientras la primera obliga a periodistas y comunicadores a ejercer su profesión con espíritu de servicio, la segunda pretende resguardar sus derechos laborales cuando son exigidos por los empresarios de la comunicación para adoptar posturas críticas mercenarias que van en contra de su formación personal o ideológica.
En conclusión, resulta temerario y ofensivo a la inteligencia de la mayoría relativa de los ciudadanos con credencial de elector, criticar, a estas alturas, a quienes habrán de ser los próximos representantes populares.
En todo caso, al menos habría que esperar a que concluya el primer período de sesiones de la LXI Legislatura Local y los primeros 100 días de administración municipal, para estar en condiciones de analizar con cierta objetividad su labor.
Hacerlo antes y juzgar sin elementos de juicio es simple y sencillamente una actitud irresponsable.
Y hasta la próxima.
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