PALACIO/Mario A. Díaz Vargas *Primero chihuahua….ahora Tamaulipas

COMO si los problemas derivados de las inundaciones en el norte de la entidad no fueran suficientes para preocupar al gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES, el estallido de un coche-bomba en el Complejo de Seguridad Pública y la masacre de 14 internos en el penal de Santa Adelaida, agudizaron, como es natural, su lógico estrés.
Los hechos violentos dieron la vuelta al mundo, colocando de nueva cuenta a Tamaulipas en el plano internacional, como un estado conflictivo y con grave problema de inseguridad.
Para fortuna de ciudadanos y funcionarios policiacos victorenses, la nueva estrategia de amague gubernamental de los cárteles de la droga no arrojó daños personales que lamentar.
En cambio, la población carcelaria recluida en el Centro de Ejecución de Sentencias en este puerto fronterizo registró 14 bajas como consecuencia del enfrentamiento de dos grupos antagónicos que se disputan el control del penal.
Para rematar la mala semana del mandatario estatal, una organización religiosa lo criticó al considerar muy tibia su reacción y exigencia de esclarecimiento del asesinato del ex candidato del PRI a la gubernatura RODOLDO TORRE CANTU.
JOSE RAUL GARCIA OVIEDO, pastor de Centro de la Familia Cristiana del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, recalcó, allá en la capital tamaulipeca, que además que no lo hizo con la firmeza requerida, tal postura es considerada como tardía.
Como es evidente, el saldo final en su calidad de servidor público no fue nada generoso para quien lleva la rienda política, económica y social en la esquina noreste del país.
Mientras que la opinión del pastor religioso no deja de ser un criterio personal sujeto al análisis de la objetividad, lo realmente preocupante es, sin duda, el estallido del coche-bomba y la masacre de internos.
Peor aún cuando se trata de la segunda ocasión en el país, y la primera en Tamaulipas, que los cárteles de la droga hacen sentir su poderío con el objeto de doblegar y amagar a la autoridad gubernamental.
La detonación a distancia de explosivos colocados dentro de un automóvil estacionado en una calle de ciudad Juárez, Chihuahua, utilizando a una persona vestida de policía como señuelo, se convirtió en el parteaguas en la manera de actuar de la delincuencia organizada.
En esa ocasión la acción premeditada dejó saldo mortal, personas lesionadas y daños materiales, adjudicándose el atentado un grupo delictivo al servicio de un cártel de la droga.
El atentado a las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública en la capital tamaulipeca, evidentemente, estuvo orientado hacia una advertencia velada y no dirigido específicamente a agentes o funcionarios policiales estatales.
Desde luego que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, IVES SOBERON TIJERINA, se mantiene a la expectativa y con la natural preocupación ante la probabilidad de nuevos atentados.
Cabe señalar que el crimen organizado había dejado sentir su presencia con ametrallamientos y granadas en instalaciones públicas, pero nunca antes mediante acciones propias de grupos terroristas.
El propio Departamento de Estado norteamericano ha reconocido la elevación del nivel de amague de los cárteles de la droga, hacia las instancias de gobierno mexicanas.
Lo que, en consecuencia, ha motivado la sobre vigilancia a lo largo de su frontera sur, desplazando para ello a elementos de la Guardia Nacional.
En cuanto a la masacre en el penal de Santa Adelaida, se viene a sumar a hechos similares ocurridos en otras cárceles tamaulipecas y a los últimos asesinatos masivos, cuyos cadáveres han aparecido en distintos tramos de la carretera Matamoros-San Fernando.
Doce cuerpos sin vida a la altura del punto conocido como Las Yescas y 15 más en la cinta asfáltica frente al ejido San Germán hablan del recrudecimiento de la guerra entre quienes se disputan el territorio cuerudo para el trasiego de estupefacientes.
Con todo y sus logros en materia de infraestructura urbana y política social, el fin del sexenio del gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES se antoja un tanto gris a pesar de los meses que faltan para que finalice su mandato constitucional.
La pregunta es ¿podrá el mandatario estatal recuperar la paz social en la recta final de su administración?
Y hasta la próxima.
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