– Tamaulipecas siguen pagando con cárcel abortar
Benny Cruz Zapata/EnLíneaDIRECTA
Victoria, Tamaulipas.- Hoy se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, fecha que en Tamaulipas ha pasado de noche, pues ni organizaciones de la sociedad civil o el Instituto de la Mujer, tienen programado evento alusivo al tema que en el centro del país sigue estando en la agenda política.
El vacío que en Tamaulipas se hace a la despenalización del aborto no implica que las mujeres del territorio estatal no padezcan las consecuencias legales de esta práctica que sigue siendo clandestina.
De acuerdo a los datos estadísticos manejados por las autoridades judiciales y reportados al Congreso del estado; en Tamaulipas existen 50 mujeres con averiguación previa iniciada por el delito de aborto, de las cuales 8 están consignadas penalmente.
Al respecto las últimas reformas a los artículos 357, 358 y 360 respectivamente, del Código Penal Tamaulipeco, que se dieron en año pasado en el Congreso del estado, establece un aumento en la pena de cárcel para “quien haga abortar a una mujer con su consentimiento” de cuatro a cinco años (actualmente la pena es de uno a cinco años).
Cuando no haya consentimiento de la mujer, la pena se incrementará de cinco a siete años, y si además existiera violencia física o moral, el castigo penal se eleva de seis a ocho años de cárcel, las reformas de referencia se dieron para proteger la vida desde el momento de la concepción y para reformar el Código Penal propuso sustituir la pena de cárcel por un “tratamiento médico integral”.
Al modificarse el artículo 360, a los médicos, parteros o enfermeros que practiquen un aborto, se les suspenderá la licencia para ejercer su profesión por un periodo de tres a seis años.
En las últimas décadas, los abortos inducidos aumentaron en una tercera parte, pasaron de más de 500 mil en 1990, a 870 mil en 2006, pero la atención médica para las mujeres no se amplió, pues sólo una de cada seis recibió atención hospitalaria, según un estudio realizado por El Colegio de México, Population Council y el Instituto Guttmacher.
Es un hecho que el aborto inseguro sigue cobrando la vida de cientos de mexicanas cada año.
Quienes fallecen por un aborto practicado en condiciones inseguras son las mexicanas con menores recursos, ellas no tienen oportunidad de salvar su vida pagando una interrupción en un hospital privado, por eso es un problema de justicia social.
En información recopilada por el Centro de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC se sustenta que en México, la situación se agrava porque además de las problemáticas de salud pública y de justicia social que representa el aborto inseguro, las mujeres que interrumpen un embarazo de forma espontánea o inducida, son criminalizadas por este hecho, al menos en 17 de 32 estados de la república, entre ellos Tamaulipas.
