Una y mil veces hemos escuchado decir a personas y agrupaciones que se debe respetar la libertad de expresión, que no hay que coartar lo que la gente quiere dar a conocer, sin embargo, pocas veces comprendemos cuales son los alcances de esta garantía constitucional, que, aclaramos, no es privativa del gremio periodístico, sino de todo mexicano en uso de sus derechos y obligaciones legales.
El hecho de llevar del discurso a la práctica esta garantía que no es tampoco única en México sino en todo el mundo, no quiere decir que estemos de acuerdo con quien externa sus puntos de vista.
Un ejemplo claro lo vemos en el seno del Congreso del Estado, donde en forma equitativa suben a la tribuna legisladores del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional o de la Revolución Democrática, externando puntos de vista completamente opuestos, pero que son tan respetables unos como otros, aunque no nos guste.
Aquí destaca aquella frase de Voltaire que decía: “puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
Nos enseña, sin lugar a dudas, que los límites de la tolerancia serán completamente abiertos en tanto no se perjudique a los demás.
Las libertades en México son así, o al menos, según el papel, debieran serlo: puede uno hablar o manifestarse de la forma en que considere pertinente, siempre y cuando no afectemos a terceros.
No compartimos, por ejemplo, el hecho de que un grupo de muchachos que nada tienen de conciencia ni qué ver con el movimiento de 1968 se digan llamar de mil formas, vistan en forma estrafalaria, lo cual es muy respetable, pero no es aceptable el hecho de que delincan. Delinquir significa jorobar a los demás sin motivo ni justificación. Ellos asumieron un papel supuestamente crítico y rompieron vidrios, asaltaron negocios y demás, a nombre de los muertos de 1968. No es la idea, porque ello no significa libertad de expresión, sino un libertinaje absurdo que permitió el gobierno perredista de Marcelo Ebrad, asumiendo que tenían derecho a hacerlo.
Los policías que pretendieron contenerlos fueron agredidos, aunque las autoridades capitalinas tomaron una postura comodina y populista: dijeron en su discurso que, a nombre del gobierno “de izquierda de la capital” (así lo dijeron) pedían perdón por los asesinatos de aquella noche gris de Tlaltelolco.
Entendamos: ni tienen que justificar a gobiernos federales de hace más de 40 años, porque ellos, los actuales, no tuvieron nada que ver, y tampoco tiene que ver con que la autoridad sea de izquierda o derecha: el gobierno es gobierno y punto.
Si la gente prefirió que sean del PAN, PRI o PRD, no significa que por ser de tal partido se gobierne exclusivamente para sus simpatizantes. Se es gobernante para todos, y así debe de hacerse.
Pero regresando con la libertad de expresión, en la entidad existen algunos grupos que se molestan cuando les cuestionan. De la misma manera, uno que otro servidor público o integrante de la iniciativa privada hace lo mismo: se ofenden cuando alguien opina en contra de ellos, y llegan a difamar en nombre de esa “imprudente participación” que criticaron.
Como cualquier persona, tenemos nuestra opinión de las cosas, y siempre hemos pensado que la gente que protesta por protestar no tiene cabida en un entorno social, porque perjudica a los demás.
La gente que pide todo al gobierno sin hacer esfuerzos, no merece el trato que muchas veces se les dispensa, y algunos otros no merecen estar libres cuando, en aras de una protesta sin fundamento, llegan a agredir, robar o vejar. Eso no es hacer uso de la libertad de expresión.
Uno puede decir “se equivocó, señor presidente” y decir por qué; lo que no se vale es gritar injurias y ofensas porque no estamos de acuerdo en lo que ha hecho. Es la diferencia.
Existen personalidades públicas que aprovechan la presencia de periodistas para externar puntos de vista que no tienen congruencia: saben cuándo irán a un evento y se hacen los aparecidos, “truenan” contra tal o cual dependencia y gritan consignas de toda índole, aunque luego, sus dirigentes tengan importantes sumas de dinero a su disposición, es decir, que tengan un dinero importante por “negociar” a nombre de los demás, a quienes ni migajas les tocan.
Es común lo anterior en la práctica de grupos de resistencia civil o agrupaciones aparentemente defensoras del pueblo.
No nos equivoquemos: vividores, siempre habrá, ladrones, también, y obviamente, descalificarán cualquier comentario que afecte sus intereses.
Lo que debe hacer la autoridad, en este caso, es cortar todo tipo de privilegios a esos vividores que se llaman líderes entre ellos, y dejar que la gente asuma su papel de gestora de sus propios beneficios, aunque para ello se requerirá contar con servidores públicos honestos y eficientes, que puedan dar trámite a todo lo que llegue como queja, solicitud o demanda.
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Atentamente: Mtro. Carlos David Santamaría Ochoa ¡Ten un buen día!