COMO si en realidad estuvieran ofreciendo un servicio eficiente, los concesionarios y permisionarios del transporte urbano en este puerto fronterizo preparan una nueva “tarascada” en contra de los usuarios.
Consideran los también llamados pulpos del transporte que el incremento gradual en los precios de los combustibles, lubricantes y refacciones les hace incosteable esa actividad.
En consecuencia, confían en que antes de que fenezca el actual sexenio que encabeza el ingeniero EUGENIO HERNANDEZ FLORES, éste les deje como herencia el incremento a las tarifas de ese necesario servicio urbano.
Para tal efecto, han solicitado a la Dirección Estatal del Transporte los estudios socioeconómicos de rigor y, además, han entregado por escrito los argumentos que, desde su punto de vista, avalan su petición.
Es muy posible que el maridaje existente entre la autoridad gubernamental y quienes prestan ese servicio incida directamente en un nuevo golpe a la ya de por sí deteriorada economía popular.
Basan su confianza, tal y como lo hemos señalado en otras ocasiones, en los favores que prestan al sistema en el gobierno durante las campañas electorales, lo mismo estatales que federales.
Por si acaso hubiese alguna duda respecto al contubernio de la autoridad competente con los concesionarios del transporte urbano, basta recordar que, extrañamente, se suspendió el programa de revisión mecánica que año con año se llevaba a cabo, de acuerdo a lo que señala la normatividad oficial.
La omisión permitió que las promesas de mejoría en las unidades de transporte fueran pasadas por alto por la Delegación local de esa dirección gubernamental.
Cabe señalar que desde la pasada autorización de incremento en las tarifas del servicio, quienes tienen a su cargo la movilización urbana se comprometieron a actualizar y mejorar el parque vehicular.
Sin embargo, sin que el hecho cause extrañeza, lo cierto es que no cumplieron lo prometido sabedores de su influencia derivada de los favores en campañas políticas.
Justo es mencionar que el problema del transporte urbano, en cuanto a mal servicio y con tarifas preferenciales en beneficio de los permisionarios, no es privativo en la esquina noreste de la entidad pues la misma inconformidad se manifiesta en las principales ciudades.
Cierto es que la necesidad de trasladar a alrededor de 50 mil obreros hacia y desde sus respectivos centros de trabajo se convierte en la principal arma de chantaje de quienes se dedican a esa próspera actividad regulada por el gobierno estatal.
No obstante, cada vez es más imperativo terminar, o al menos disminuir, ese coto de poder que tanto perjudica a miles y miles de ciudadanos que tienen necesidad de hacer uso del transporte urbano.
Es tiempo que se obligue a permisionarios y concesionarios, agrupados en un poderoso organismo sindical, a cumplir con el reglamento que marca la Dirección Estatal del Transporte.
Justo es que los usuarios hagan uso de un transporte colectivo seguro, higiénico, respetuoso del reglamento vial y, sobre todo, del buen trato de los operadores.
Para nadie son desconocidas las arbitrariedades y abusos que cometen día a día los choferes de las mal llamadas peseras quienes, sin recato alguno, lo mismo obstruyen la vialidad al subir y bajar pasaje a mitad de calle que circulan a exceso de velocidad en sus pesados armatostes, para ganarse el pasaje.
No resulta exagerado afirmar que diariamente ocurre un accidente vial en donde un operador de microbús ejerce un papel protagónico.
Los choferes saben perfectamente que las unidades a su cargo cuentan con un seguro de daños a terceros que cubre todo tipo de daños materiales o físicos.
Asimismo, que sus patrones cuentan con una unidad de reserva debidamente autorizada para continuar el servicio en la ruta asignada sin menoscabo de su economía patrimonial.
Lo anterior, aunado a la tradicional cuota para hacerse de la vista gorda lo mismo a la Dirección Estatal de Transporte que a la Delegación de Tránsito Local, son la combinación perfecta que se transforma en un pésimo e inseguro servicio a la comunidad.
Sería conveniente que el gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES, antes de autorizar el incremento a las tarifas del transporte colectivo como herencia a ese selecto grupo empresarial, analizara detenidamente el servicio que éste otorga a los usuarios.
Aunque, al cuarto para las doce, sería como pedirle peras al olmo.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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