LAMENTABLE en verdad el análisis que sobre el narcotráfico en México ha emitido el Instituto de Estudios sobre Inseguridad Estratégica de los Estados Unidos de Norteamérica.
El documento, que ya obra en poder del Pentágono, describe como “narcoinsurgencia” el grave problema que enfrenta su vecino país en el sur del Continente.
El estallido de coches-bomba en distintos lugares de la República Mexicana, de acuerdo al análisis estadounidense, preocupa a la seguridad interna del país más poderoso del planeta.
Asimismo, el Instituto yanqui hace hincapié en las acciones violentas de los distintos cárteles de la droga en contra de las fuerzas militares y policiales, en franco reto al gobierno del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA.
En momentos de crisis política, económica y, sobre todo, en materia de inseguridad pública, resulta preocupante el calificativo norteamericano a la, eso sí, grave situación que viven actualmente México y los mexicanos.
En opinión de observadores y analistas, el dictamen del Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica de los Estados Unidos podría ser el preámbulo, solicitado o no, de una intervención extranjera en el territorio nacional.
El riesgo para su seguridad nacional que ha provocado la embestida violenta del narco en México ha provocado, a su vez, la preocupación del gobierno norteamericano y, obligado ya, a reforzar la vigilancia fronteriza con el auxilio, incluso, de elementos de la Guardia Nacional.
Sobran quienes mantienen la firme idea de que el Jefe del Ejecutivo Federal está sentando las bases para justificar una intervención extranjera ante su fracaso para someter, a cuatro años de distancia, a los diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan a su antojo en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional.
Lo anterior, haciendo caso omiso, por supuesto, a esa cacareada letanía del presidente CALDERON HINOJOSA en el sentido de que “vamos ganando la guerra al narcotráfico”, en claro insulto a la inteligencia de millones de ciudadanos aztecas.
Por cierto, el análisis estadounidense fue dado a conocer a la opinión pública apenas unos días después de que se registró una fuerte explosión en el lobby del hotel Grand Princess Riviera Maya, allá en el Caribe mexicano, justo en donde se tiene contemplada una reunión internacional para abordar temas relativos al medio ambiente.
Aunque la versión oficial del gobierno del estado de Quintana Roo establece que se trató de un estallido producido por acumulamiento de gas en el sistema de drenaje, lo cierto es que el dicho oficial no es del todo convincente y, en cambio, ha generado comentarios suspicaces que sugieren una acción premeditada con fines desestabilizadores.
Pero, contrario a la preocupación del gobierno de BARACK OBAMA y su seguridad nacional, decenas de empresas estadounidenses dedicadas al blindaje de unidades motrices han incrementado sus operaciones mercantilistas hasta en un 400 por ciento.
Empresarios del ramo aseguran que ese servicio inherente a la seguridad personal ha dejado de ser elitista y ha sido adoptado actualmente por personas con un estatus social y económico de media alta.
A pesar de la inversión mínima de 80 mil dólares, las empresas dedicadas a esta actividad comercial mantienen en lista de espera hasta por cuatro meses a decenas de clientes.
Resulta innecesario recordar que, obviamente, quienes están mayormente de plácemes por el índice a la alza de sus utilidades mercantiles son los industriales armamentistas de los Estados Unidos, responsables de manera indirecta del actual México Rojo.
En México, las instancias gubernamentales de los tres niveles se han visto en la necesidad de resguardar a sus respectivos gobernantes y funcionarios de primer nivel, asignándoles automotores blindados.
Eso de la inseguridad extrema en el país, la eventual valoración de una intervención extranjera y las altas utilidades que están generando el blindaje de vehículos y la venta de armas en territorio nacional trae a colación los dispositivos de seguridad que se habrán de implementar en Tamaulipas y sus 43 municipios una vez que inicien los constitucionales informes de gobierno.
La incertidumbre prevalece en las ciudades que prácticamente han sido tomadas como campos de batalla por quienes se disputan el territorio cuerudo para el trasiego y comercialización de estupefacientes.
Por el momento se desconoce dónde, cómo y cuándo se dirigirán a sus representados los alcaldes de Abasolo, Hidalgo, Valle Hermoso, Mier y Nueva ciudad Guerrero, por ejemplo.
La actividad bélica en tales comunidades tamaulipecas ha trastornado la agenda oficial correspondiente al relevo de sus respectivos ayuntamientos.
Aunque, a decir verdad, al menos en la zona ribereña, los Jefes de Comuna, con todo y que despachan desde el lado americano, realmente no tienen a quién informar como consecuencia del éxodo obligado por la violencia desatada en esa región norteña de Tamaulipas.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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