Benny Cruz Zapata/EnLíneaDIRECTA
Victoria, Tamaulipas.- Por considerar que la prestación de servicios privados en materia de seguridad, es un asunto que debe ser regulado en Tamaulipas, por ley, ahora a este tipo negocios se les exige el registro de la información, equipo, instalaciones y bases de archivo del personal que preste sus servicios en esa modalidad.
Al informar lo anterior, el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del estado explicó que ya se aprobaó la reforma a la normatividad local a fin de adecuarla a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en busca de optimizar los Servicios Privados de Seguridad en beneficio de la población tamaulipeca y lograr que las empresas que brindan este servicio cumplan con los requisitos solicitados.
Explicó el legislador que esta adecuación a la referida ley, entraña un esfuerzo conjunto entre la Federación, entidades federativas, municipios, sociedad civil, en torno a la suscripción de diversos acuerdos para reformar las instituciones de seguridad y de justicia en busca de optimizar las condiciones en que se presta el servicio mencionado.
El legislador indicó que, si bien es cierto que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que la seguridad pública es una función de la Federación, de los Estados, de los municipios y del Distrito Federal, también es cierto que debe de realizarse en los diversos ámbitos de competencia, mediante una efectiva coordinación.
Dicha normatividad tiene el objetivo de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar sus libertades, el orden y la paz públicos.
En el contexto actual, los servicios de privados de seguridad se consideran auxiliares a la función de seguridad pública, por lo que amerita que la ley de esta materia se adecue a los términos previstos en el contexto de la seguridad pública en el país.
Por ello, refiere el diputado Felipe Garza Narváez, se tomó en cuenta que las disposiciones federales vigentes implican la obligación de que los ordenamientos legales de las entidades establezcan, de modo imperativo, que las empresas privadas de seguridad deberán responsabilizarse de que su personal sea sometido a los procedimientos de evaluación y control de confianza, entre otras obligaciones fundamentales.
