Cuando me enteré que en Tampico, al igual que en otros municipios de Tamaulipas, las nuevas administraciones municipales han descubierto que las anteriores habían convertido a los ayuntamientos en verdaderas pistas de aterrizaje, en donde decenas o tal vez cientos de ‘aviadores’ cobraban sus salarios sin siquiera acudir a trabajar, no me ocasionó sorpresa alguna, puesto que en esta ciudad los aviadores abundaron al por mayor.
El caso de Tampico puede ser el vaso que derrame la jarra en el estado, luego de descubrirse que al menos 50 funcionarios menores cobraban en la nómina sin siquiera presentarse a trabajar, lo que sin duda alguna lesionó de manera importante las arcas municipales y redujo el capital financiero para realizar obras de importancia para la comunidad.
Tan solo luego de tres años, se ‘descubrió’ que el hijo de una ex regidora estaba cobrando en la nómina un salario alto, cuando vivía en China becado presuntamente por una universidad.
De tal modo, tampoco sería sorpresa para mí el que en este municipio se descubra en los próximos días que una buena cantidad de personas, hijos de funcionarios vigentes en la pasada administración, hayan tenido cargos de importancia con salarios bien remunerados, sin que por alguna razón familiar se hayan presentado alguna vez a trabajar.
El alcalde Benjamín Galván Gómez ya dijo que su administración será austera, y también advirtió que no permitirá que los recursos financieros del ayuntamiento, sean utilizados de manera onerosa, por lo que entiendo que el gasto público será reducido, y que se quedarán a laborar quienes en verdad demuestren un rendimiento acorde a las necesidades del ayuntamiento y por supuesto, del alcalde.
Sería interesante que el alcalde optara por llevar a cabo una investigación en cada departamento, para saber cuántos empleados tienen la característica de haber sido aviadores en la administración pasada, y cesarlos, y no porque yo lo diga o lo pueda hacer el alcalde, sino porque demostraron que no les interesó cuidar el empleo que otros tratan de obtener.
Recuerdo que Daniel Peña Treviño le dejó a Ramón Garza Barrios una nómina cercana a los dos mil 500 empleados municipales, entre los del confianza y los sindicalizados. Pero con el tiempo, Daniel realizó una importante depuración cercana a los mil empleados, pero lo curiosos es que la nómina nunca bajó y por el contrario, se mantuvo y creció hasta llegar a los tres mil, cantidad que supongo es la que recibió Benjamín Galván.
De tal modo, si el alcalde desea en realidad que el funcionamiento de su administración sea la adecuada, deberá poner en marcha un proceso de depuración en cada área, para cesar a quienes en la anterior administración demostraron que nunca trabajaron, aunque actualmente acudan todos los días a realizar ‘presencia’ física.
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Algo que me llamó la atención en unas declaraciones que hizo ayer el alcalde, fue el caso de una deuda que le está cobrando la empresa Servicios de Tecnología Ambiental SA (Setasa), responsable de llevar a cabo el proceso de limpieza de la ciudad, y aunque desconozco a cabalidad el origen de la deuda, creo que Alejandro Pérez Tapia, gerente de dicha empresa, está jugando con fuego al cobrarle al edil la cantidad de 72 millones de pesos por el servicio que le presta.
Hay que recordar que Pérez Tapia, durante las últimas administraciones realizó ventajosos convenios con los alcaldes, al grado de beneficiarse económicamente. Tal es el ejemplo de tener en su poder el reciclamiento de todos los metales que tiremos los ciudadanos a la calle o en nuestros domicilios.
Pero lo más ventajoso creo que fue el que la anterior administración le haya otorgado una prórroga de 10 largos años a esa empresa, mientras se determina alguna otra que quiera hacer el servicio de limpieza en la ciudad.
Cuando se hizo el convenio, de manera dolosa no se permitió el concurso de otra empresa que le hiciera ‘sombra ‘ a Setasa, por lo que al ser única empresa el concurso se evitó y por consiguiente esa empresa fue la ganadora, porque al no haber otra empresa la concesión recaería en ella, pero para evitar malas interpretaciones se le concedió esa prórroga de 10 años, aunque pienso que una prórroga tan larga se puede malinterpretar. O usted ¿qué piensa?
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No entiendo cómo es que luego de tanta verborrea surgida del gobierno federal en cuanto al respeto de los derechos humanos de los migrantes, se sigan cometiendo abusos en su contra, y lo peor, por parte de funcionarios y servidores del Instituto Nacional de Migración en la comunidad de Arriaga Chiapas, además de policías municipales.
El caso de la defensora de los derechos de los migrantes, Elvira Arellano, es más que elocuente, ya que para documentar y denunciar los múltiples casos de abuso en contra de estas personas, decidió realizar el mismo viaje que ellos hacen, desde ese municipio del sureste del país.
Y tuvo tan buena suerte, que un grupo de agentes del INM pretendieron detenerla violando sus derechos humanos y amenazándola, por lo que comprobó que en efecto, son los funcionarios de ese organismo federal, en confabulación tal vez con grupos criminales, quienes actúan en constante violación de los derechos humanos en esa zona del país.
Con ello también se comprueba que lo que dicen y prometen los funcionarios federales no son más que pura simulación, porque son solo palabras que de manera rápida se las lleva el viento, porque el abuso, robo, asalto, extorsión, secuestro y otros delitos, son un negocio económico muy redituable para esos servidores públicos.
Un caso reciente ocurrió en diciembre en esta ciudad, cuando un migrante de Honduras fue encarcelado y luego robado por policías municipales bajo condición de salir libre. Y estas acciones ocurren a diario por las noches, porque luego de robarles los dejan ‘libres’ en las madrugadas, cuando no hay con quien reportar ese abuso, aunque salen bajo amenaza de ser nuevamente detenidos si denuncian.
¿A esto se le llama justicia? ¿A esto se le llama hacer bien las cosas? ¿Es esto lo que pregonan nuestras autoridades de los tres niveles? Creo que no.
Hasta mañana
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