A cuarenta días de haberse renovado los poderes constitucionales en Tamaulipas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo se han tomado decisiones y externado declaraciones, mismas que han acaparado la atención de los ciudadanos.
La pastora congresal, GUADALUPE FLORES VALDEZ, por ejemplo, logró reflectores mediáticos y la lógica crítica al afirmar que en el Congreso Local no se actúa bajo presunciones sino con denuncias concretas.
Lo anterior, ante el deplorable estado financiero que dejaron a sus sucesores los alcaldes de las principales ciudades tamaulipecas.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, actuando de manera partidista y no como representante de las diversas fracciones políticas en el parlamento cuerudo, fue precisa al señalar que la Auditoría Superior del Congreso Local escudriñaría cuentas públicas sólo bajo denuncia.
Como los ayuntamientos que registran mayor caos económico ante la presunción de mal manejo del erario y millonarios endeudamientos fueron presididos por priístas, se antoja totalmente parcial la actitud asumida por la diputada FLORES VALDEZ.
Es evidente que la mayoría tricolor en el Poder Legislativo está actuando en complicidad para proteger los intereses de los ex alcaldes, pero, sobre todo, del sistema político que gobierna en la esquina noreste del país.
Las deudas millonarias que registran los municipios de Nuevo Laredo, ciudad Victoria y Tampico, por citar tan sólo una tercia de ejemplos, sería motivo más que suficiente para el escrutinio financiero por parte del Congreso Local.
Ex alcaldes priístas, sucesores surgidos del mismo instituto político y diputados tricolores que hacen mayoría en la LXI Legislatura tamaulipeca, prácticamente se han confabulado para dar carpetazo al saqueo más escandaloso en la historia financiera de la entidad.
En consecuencia, la postura de la diputada y lideresa legislativa no es más que la confirmación de su sometimiento al sistema político en el poder.
Ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones: la profesora FLORES DE SUAREZ es una pieza del grupo político que gobierna la entidad, llevando en la equidad de género su principal activo político.
Pero no tan sólo la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local ha sido motivo del escrutinio ciudadano. Funcionarios del gabinete del ingeniero EGIDIO TORRE CANTU también han destacado para bien o para mal, en los primeros 40 días del actual período sexenal.
La Contralora Gubernamental, GILDA CAVAZOS LLITERAS; el Secretario de Administración, JORGE ABREGO ADAME; y el Secretario de Finanzas, ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ, han acaparado reflectores mediáticos.
La primera, por su parcialidad a la hora de solicitar las declaraciones finales e iniciales de los servidores públicos; el segundo, por haber ordenado la suspensión del pago de telefonía celular y reducción de viáticos a funcionarios de primero y segundo nivel y; el tercero, por anunciar que aún no se hará uso del empréstito autorizado al Gobierno del Estado por la pasada legislatura local.
Por supuesto que el cumplimiento de la obligación que representa la declaración patrimonial de los funcionarios del actual gabinete torrista es tema muy recurrente en los corrillos políticos.
Lo anterior, porque si bien se trata de un mandato legal, otro más protege al sujeto obligado, dejándolo a salvo del enjuiciamiento popular.
En efecto, la normatividad de la Ley Estatal de Transparencia establece claramente que ese tipo de información es clasificada al considerarse como confidencial.
De tal suerte que el ciudadano común y corriente nunca sabrá a ciencia cierta el potencial económico y patrimonial de quienes se supone son servidores públicos.
Simple y sencillamente presentan información maquillada a una contralora gubernamental más papista que el papa, por aquello que depende del Ejecutivo, cerrándose el círculo y obstaculizando a la vez la acción del brazo de la justicia.
El argumento oficial es que la información pública de los bienes patrimoniales de los integrantes del nuevo sexenio podría caer en manos de la delincuencia organizada.
Sin embargo, lo que no se dice abiertamente es que la Ley de Acceso a la Información Pública en Tamaulipas, legislada durante la administración estatal de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, está enfocada a proteger los actos de corrupción de los servidores públicos.
La normatividad, mañosamente, establece que información que tenga que ver con movimientos financieros, por ejemplo, pase a la reserva hasta por 20 años, lo que en automático deja fuera del alcance de la ley la comisión de un ilícito, al prescribir el mismo.
Cabe señalar que la clonación en Tamaulipas de la panista Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, como en otras entidades del país, solamente ha contribuido a legalizar lo ilegal.
En consecuencia, las declaraciones patrimoniales del mandatario estatal EGIDIO TORRE CANTU y su gabinete no serán del dominio público en los siguientes 20 años, por lo que no habrá certeza plena si sus seguros incrementos tuvieron origen dentro del marco legal.
¿Cómo la ve?
Y hasta la próxima.
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