PRACTICAMENTE apenas concluían las exequias del agente federal estadounidense abatido a tiros en un tramo de carretera federal en el estado de San Luis Potosí, cuando el gobierno calderonista anunciaba la captura, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, del presunto responsable y sus cómplices.
El operativo militar se desplegó, también, cuando todavía retumbaban las palabras de la Secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, JANET NAPOLITANO, anunciando que su país ya no tolerará más ataques, al referirse a las acciones de los cárteles de la droga.
La captura, de acuerdo al informe oficial, se llevó a cabo en la misma entidad en que los agresores interceptaron, amagaron y balacearon a los poli-federales yanquis, falleciendo uno de ellos cuando se le prestaban los primeros auxilios, mientras que el otro logró salvar su vida.
Otra acción militar, coincidente o no, tuvo como escenario territorio neoleonés y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ya se veía venir la rápida respuesta del gobierno mexicano ante la indignación del norteamericano, conociendo de antemano la forma de proceder de la autoridad de ese país en los casos en que sus agentes de las distintas agencias de seguridad nacional son objeto de agresiones.
Desafortunadamente, las investigaciones y arrestos por la vía rápida no son similares a las que la Procuraduría General de la República realiza cuando las víctimas son policías o militares aztecas.
El aparente servilismo nacional al Tío Sam ha generado comentarios encontrados por la razón antes expuesta, aunque, eso sí, con el reconocimiento de que una lacra se encuentra ya a buen recaudo.
La presencia de la encargada de la seguridad nacional del país más poderoso de la tierra y del Procurador General, ERICK HOLDER, en los funerales del agente del ICE, JORGE JAIME ZAPATA, es una muestra clara de la importancia que el gobierno estadounidense brinda a los casos de agresiones a sus agentes.
Por cierto, JANET NAPOLITANO dejó entrever que su país gestionará lo necesario para que el personal al servicio de las distintas agencias de seguridad puedan portar armas para su defensa en los países en que están trabajando de manera oficial.
Hasta el momento, el argumento acerca del respeto a la soberanía nacional es el que el gobierno mexicano ha esgrimido ante peticiones de esa naturaleza.
El tema coyuntural fue aprovechado por el Mayor de Brownsville, Texas en el funeral del agente federal, para manifestarse a favor de la autorización del gobierno mexicano para permitir la portación de arma a los agentes federales norteamericanos.
Dadas las circunstancias derivadas de los últimos acontecimientos, es factible que el presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA reforme la normatividad al respecto, en atención a la petición gringa.
Sobre ese particular, las naturales dudas se ciernen en torno a la forma en que actuará el personal extranjero en situaciones de riesgo.
No hay que olvidar que la ley norteamericana protege a sus agentes cuando hacen uso de sus armas de fuego para proteger su integridad física.
Informes documentados precisan cómo, en ocasiones, oficiales de la Patrulla Fronteriza, por ejemplo, disparan sus armas de fuego y lesionan o matan por una simple agresión a pedradas.
En México, la normatividad jurídica es muy diferente y un caso como el anterior podría ser considerado como delito doloso al tipificarse un exceso de legítima defensa.
Entonces, la pregunta lógica es ¿cómo actuarán en el territorio nacional agentes de la DEA, FBI, ICE o de otras agencias si eventualmente los autorizan a portar armas de fuego?
¿Se someterán a las leyes mexicanas, o solicitarán ser juzgados por la normatividad jurídica de su país?
Cuestionamientos que valdría la pena analizar antes de acceder a una petición de esa naturaleza.
Con relación a la prontitud del gobierno federal para aclarar y arrestar a los responsables del atentado a los agentes federales estadounidenses, vale la pena recordar que los asesinatos de decenas de policías y militares caídos en el cumplimiento del deber continúan en la impunidad.
En el entendido de que no necesariamente se trata de personal de tropa, sino que entre los caídos se registran oficiales, jefes y generales de las Fuerzas Armadas.
Y qué decir de la matanza, el año pasado, que costó la vida, entre otras personas, al entonces candidato del PRI al gobierno del estado de Tamaulipas, RODOLFO TORRE CANTU.
Tuvo que caer abatido por las balas del narco un policía yanqui para que el gobierno federal moviera su maquinaria y rápidamente diera con los responsables.
Por lo delicado del caso y la observación con lupa por parte del gobierno de los Estados Unidos, difícilmente pudiera tratarse del clásico enjuiciamiento de chivos expiatorios.
De lo que no queda ninguna duda es que este baile apenas comienza.
Y hasta la próxima.
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