TAL parece que el General UBALDO AYALA TINOCO, ahora ex Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, fracasó en su intentona de “ponerse con Sansón a las patadas”, como se dice en términos coloquiales.
El militar en retiro pensó, equivocadamente, por cierto, que su fuero y recomendación castrense lo harían hacer y deshacer en esta sufrida entidad federativa.
Personal de escolta, nombramientos de cargos medios, presupuesto más que generoso y la creación de una “subsecretaría del aire”, dependencia no contemplada en el organigrama gubernamental, además de francachelas y amoríos de dudosa reputación fueron, entre otros, los motivos de su precoz salida del actual gabinete estatal.
Desde luego que tampoco debe pasarse por alto su amenaza al Ejecutivo Estatal de presentar su renuncia si no accedía a sus pretensiones.
El desgajamiento de su grupo, traído de otras latitudes de la república mexicana, como consecuencia de la restricción en la remuneración económica marcó el inicio de la caída del general AYALA TINOCO.
El “relanzamiento de la estrategia de seguridad para Tamaulipas” adoptada por el gobernador EGIDIO TORRE CANTU, planteada durante su última entrevista con las autoridades federales encargadas de la seguridad nacional, fue el último clavo en el ataúd del militar de su paso por la función pública en Tamaulipas.
Como es del dominio público, el Teniente en retiro RAFAEL LOMELI MARTINEZ es quien tiene bajo su responsabilidad la seguridad de la sociedad tamaulipeca.
La salida del primer apóstol torrista constituye, además, un triunfo político del Secretario General de Gobierno, MORELOS CANSECO GOMEZ, quien tuvo bajo su encomienda enfriar los ánimos del recomendado de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Finalmente no fructificó la amenaza velada del General UBALDO AYALA en el sentido de que “primero se va el licenciado Morelos Canseco antes que yo”.
Independientemente de dimes y diretes y los verdaderos motivos que aceleraron la renuncia del militar retirado, lo cierto es que durante su corta estancia en la esquina noreste del país, su presencia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal prácticamente pasó desapercibida.
El megapanteón clandestino que se localizó en la ciudad de San Fernando, que arroja un resultado oficial de 146 cuerpos recuperados en las narcofosas, también fue un hecho que definió la suerte del general AYALA TINOCO.
El arribo del teniente LOMELI MARTINEZ en modo alguno significa que la seguridad de los tamaulipecos esté garantizada, menos aún cuando su grado militar apenas es el segundo en la escala de mando castrense.
Por cierto, ahora que está de moda la militarización de las dependencias policiales, los militares en retiro se están “topando con pared” en sus gestiones ante la Secretaría de la Defensa Nacional para que autorice la portación de armamento de mayor calibre a los agentes uniformados.
El argumento de la Octava Zona Militar es en el sentido de que las policías preventivas estatales y municipales no requieren de mayores pertrechos para el cumplimiento de su labor.
Además, en opinión de la SEDENA, porque tienen indicios más que suficientes de que las corporaciones policiales locales están al servicio de la delincuencia organizada, por temor o compromiso nominal.
Lo anterior, prácticamente desmiente la versión oficial en voz del Secretario General de Gobierno MORELOS CANSECO GOMEZ, en el sentido de que el “decomiso” del armamento de la policía en Tamaulipas obedece a una acción ordinaria derivada de las tareas que asigna al Ejército la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En Matamoros, por ejemplo, una gestión similar del Teniente Coronel GABRIEL LOPEZ ORDAZ, Secretario de Seguridad Pública Municipal, no ha tenido éxito por la misma razón, que no avala la honorabilidad de los guardianes del orden de esa instancia de gobierno.
Aunque no es ninguna novedad, lo cierto es que el gobierno federal cada día desconfía más de las policías estatales y municipales al relacionarlas con las actividades que llevan a cabo los diferentes cárteles de la droga que operan a lo largo y ancho del país.
Los hechos condenables ocurridos en San Fernando han robustecido la hipótesis del gobierno federal en ese sentido que, incluso, ha provocado la intervención de organismos internacionales.
La exigencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al estado Mexicano para esclarecer los asesinatos y detener a los responsables es un caso concreto.
Pronunciamiento similar ha externado la Organización de Estados Americanos, lo que, indudablemente, no habla bien de México y sus gobernantes.
Y qué decir de la postura paralela de la Oficina en Washington para Latinoamérica en el sentido de que “resulta indignante que el secuestro, la desaparición y la muerte de tantos migrantes y de otras personas pueda ocurrir con pleno conocimiento y colusión de algunos miembros de la policía”.
Como es evidente, el caso San Fernando, además de acelerar la salida del general UBALDO AYALA TINOCO, también ha colocado negativamente a nuestro país en el escenario mundial.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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