LA modernización del transporte urbano en Tamaulipas contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo se antoja harto difícil, por no decir que imposible.
El proyecto considera el uso de unidades motrices de una antigüedad no mayor de ocho años, según lo estipula la normatividad en la materia.
Actualmente, en Matamoros, por ejemplo, ese importante y necesario servicio urbano se presta con vehículos de transporte colectivo de hasta 20 años de uso.
El dedo en la llaga lo puso el delegado del Transporte Público, GONZALO TREVIÑO ALANIS, quien sin rodeos ni tapujos afirmó que el retiro de autobuses urbanos y peseras de modelos muy anteriores afectaría seriamente la prestación de ese servicio.
Cabe señalar que en esta ciudad fronteriza, como en otras ciudades densamente pobladas de la entidad, el problema mayor del transporte colectivo urbano es ser de muy mala calidad.
Además de unidades chatarra, el maltrato de los operadores a los usuarios y la violación impune del reglamento vial son prácticas muy comunes.
La legislación al respecto, anterior y actual, realmente no es ni ha sido tomada en cuenta por los concesionarios del transporte colectivo en Tamaulipas.
En consecuencia, existen dudas muy marcadas respecto a que si la nueva disposición que regula a un máximo de ocho años la antigüedad de unidades será acatada al pie de la letra, tomando en cuenta que la anterior especificaba de 10 a 12 años de atraso, lo que nunca se cumplió.
El Plan Estatal de Desarrollo estima la transformación e innovación de ese servicio mediante el otorgamiento de créditos blandos a quienes se dedican a esa actividad empresarial.
Además del transporte colectivo, el programa de trabajo contempla la regulación en ese rubro de taxis y vehículos que prestan servicio de traslado hacia y desde las instituciones educativas.
Por lo pronto, el ingeniero TREVIÑO ALANIS ha dejado en claro que ya no se permitirá el ingreso de autobuses o peseras de modelos antiguos.
Desde luego que el proyecto estatal de modernización del transporte colectivo urbano se hace cada vez más necesario, pues se ha convertido en un reclamo popular.
En el entendido de que la inconformidad ciudadana no se circunscribe al uso de unidades chatarra. También es motivo de malestar que los operadores de ruta no respeten el reglamento de tránsito local.
La anarquía provoca congestionamientos viales en los primeros cuadros citadinos, situación que se agudiza en las llamadas “horas pico” durante los horarios de entrada y salida de los centros de trabajo.
De tal forma que el proyecto estatal en la materia forzosamente habrá de hacer respetar la legislación vial, además de elevar la calidad del servicio con unidades más modernas y mejor trato al usuario.
Resolver un problema y dejar otro en nada abonaría a la buena intención del actual gabinete sexenal. Basta analizar que en este puerto fronterizo el 90 por ciento de las unidades de transporte colectivo rebasan los diez años de antigüedad y que las estadísticas de accidentes viales contemplan un índice bastante elevado en donde peseras y autobuses urbanos son protagonistas.
Tocará al Secretario de Desarrollo Urbano, HOMERO DE LA GARZA, dar seguimiento puntual al mandamiento en ese rubro del Plan Estatal de Desarrollo y que no quede en meras intenciones.
Por cierto, eso de la modernidad, la apertura económica y el libre mercado debería ser un tema analizado y regulado por la Secretaría de Economía y Turismo que encabeza MONICA GONZALEZ.
El establecimiento de cadenas comerciales extranjeras y nacionales en el territorio tamaulipeco está provocando estragos en los pequeños comercios.
Cierto es que los grandes consorcios generan empleos directos e indirectos. Sin embargo, valdría la pena analizar si ese beneficio es proporcional a los daños colaterales.
Salvo la derrama por concepto de salarios, los grandes almacenes no dejan ningún beneficio tributario a las arcas estatales, toda vez que sus declaraciones fiscales las efectúan en los lugares en donde se ubican sus oficinas matrices.
Si esos impuestos estatales y federales beneficiaran a los tamaulipecos a través de obras de infraestructura urbana, la perspectiva sería otra.
Precisamente ahí es donde la Secretaría estatal de Economía debería analizar concienzudamente los resultados que arroje la balanza al valorar el costo-beneficio.
La generación de 200 empleos con la recién inaugurada cadena comercial HEB en el puerto de Tampico aparentemente representa un signo inequívoco de recuperación económica.
No obstante, sería sano cotejar ese presunto logro con el perjuicio que, seguramente, sufrirán pequeños comercios que también generan empleos y, además, tributo a la hacienda estatal, ante el fenómeno natural que representa que el pez más grande se come al más chico.
Justo sería que las grandes cadenas comerciales pagaran impuestos en los estados en donde operan y que esos recursos se destinaran a apoyos económicos en otra actividad a los damnificados por la competencia comercial.
¿Cómo la ve?
Y hasta la próxima.
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