Benny Cruz Zapata/EnLíneaDIRECTA
Victoria, Tamaulipas.- “Felipe Calderón tiene que ‘lavarse la cara’ antes de culpar a las autoridades locales por los crímenes hacia los indocumentados”, señaló Lucino Cervantes Durán, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, entrevistado al término de una reunión de trabajo con dirigentes de los tres sectores y organizaciones de mujeres y jóvenes de ese partido.
Cuestionado sobre las expresiones vertidas por el Presidente de la República durante el encuentro sostenido por este con asociaciones de migrantes en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos; en donde señaló que “hay que pasar a la báscula” a los funcionarios y policías de los estados, el dirigente priista dijo que si alguien prohijó toda la corrupción imperante en el campo de la migración, fueron las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración (INM).
Agregó que las detenciones arbitrarias, extorsiones, violaciones y demás abusos nacieron en el seno de ese instituto ante la complacencia de sus autoridades. “Lo que vino después, lamentable desde donde quiera que se le observe, no fue sino una extensión de toda la podredumbre generada por el INM”.
“Calderón debe ser honesto y reconocer que las autoridades federales han fallado y que tienen que corregir sus errores —dijo el líder estatal del PRI—; no hay que olvidar que fue precisamente el presidente quien protegió a la señora María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, directora del Instituto Nacional de Migración, cuando se descubrieron los primeros crímenes contra migrantes en San Fernando, autorizando su separación del cargo y protegiéndola con la designación como secretaria general de su partido”.
Cecilia Romero, quien había sido diputada y senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), fue designada por Felipe Calderón como comisionada del INM el 7 de diciembre de 2006, y permaneció en el cargo hasta el 14 de septiembre de 2010, fecha en que renunció a consecuencia de la matanza de 72 migrantes centroamericanos.
“Es obvio que las autoridades del INM estaban involucradas o eran cómplices en la venta de migrantes al crimen organizado, y si la señora Cecilia Romero no estaba metida en el negocio, por lo menos tiene responsabilidad administrativa al haber permitido que éste funcionara con las consecuencias ya conocidas y condenadas por todos”, apuntó Lucino Cervantes.
“Pero el presidente la perdonó y la señora regresó al PAN con el estigma de haber permitido un negocio criminal del más alto nivel de criminalidad: el tráfico de personas”, concluyó.
