EL convenio Federación-estado en materia de seguridad pública tal parece que no ha arrojado los resultados esperados ni en el combate al crimen organizado ni en los delitos del orden común.
El acuartelamiento y desarme de las policías preventivas en los municipios tamaulipecos genera un gasto innecesario en pago de nómina, por un lado, y el incremento del índice delictivo que tiene que ver con robos, asaltos a mano armada y violencia intrafamiliar, por otro.
Bien sea como una estrategia dirigida por intereses oscuros o bien por la impunidad delincuencial ante la falta de una vigilancia efectiva, lo cierto es que la población comienza a resentir los daños colaterales del acuerdo de FELIPE CALDERON HINOJOSA y el gobernador EGIDIO TORRE CANTU.
Los resultados de la militarización de las policías municipales no podrían ser más magros. Ni han debilitado a los cárteles de la droga ni tampoco las fuerzas castrenses han demostrado experiencia policial, lo cual, por supuesto, no tiene nada de extraño dado que su formación y preparación son para tareas que nada tienen que ver con la prevención del delito.
La labor de los poli-militares se concreta a recorridos en comitiva por las principales arterias citadinas e incursión en algunas colonias de la periferia, más bien para obstaculizar la labor de ojos extraños que para disuadir la acción de los amantes de lo ajeno o los asaltantes.
A juzgar por lo que se observa en base a datos duros de resultados, lo cierto es que así como la estrategia calderonista para enfrentar al crimen organizado ha resultado un absoluto fracaso, el convenio de colaboración Federación-estado en materia de seguridad pública lleva el mismo camino.
Lo anterior sin pasar por alto que la complicidad de las policías municipales y estatales con grupos delictivos, ya sea por temor o por componendas económicas, fue el motivo principal para la integración del acuerdo gubernamental en ambos niveles.
Salvo algunas acciones aisladas, en este puerto fronterizo, por ejemplo, los delitos del orden común han aumentado alarmantemente de acuerdo a información oficial.
El brutal asesinato de una joven mujer que atendía un establecimiento comercial, aunado a los constantes robos domiciliarios y atracos a mano armada son hechos que, extrañamente, van a la alza a raíz del desarme y acuartelamiento de los policías uniformados.
El patrullaje de los policías militares en caravana de tres o cuatro unidades va encaminado a la detección de personas ligadas con la delincuencia organizada y no necesariamente orientado a la prevención o disuasión de actividades ilícitas del orden común.
Instrucciones superiores en ese sentido obligan a los soldados del Ejército Mexicano a desplazarse en comitiva lo que, a su vez, se refleja en su escasa presencia en asentamientos humanos ubicados en la periferia citadina.
El problema se centra en que el gobierno federal estima que el retiro de la fuerza pública municipal equivale a disminuir la capacidad de acción de los diferentes cárteles de la droga.
Sea como fuere, las manifestaciones en contra del acuerdo entre los gobiernos federal y estatal en el área de seguridad pública no se han hecho esperar por parte de organismos camarales y representantes populares.
El regidor panista JORGE REYES SILVA, integrante de la Comisión de Seguridad Pública Municipal en el ayuntamiento que preside ALFONSO SANCHEZ GARZA, se ha pronunciado a favor del reclamo de la autoridad local al Jefe del Ejecutivo Federal, por la escalada de violencia que va a la par a raíz de la vigilancia preventiva por parte de los militares.
En el mismo tenor, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, en voz del dirigente empresarial JULIO ALMANZA ARMAS, también ha externado su punto de vista con relación a la inseguridad que vive esa actividad empresarial.
El excandidato perredista a la gubernatura opina, además, que el gobierno federal debería cubrir los daños que la guerra calderonista en contra de los cárteles de la droga ocasiona entre la población civil.
La reparación de daños materiales, físicos o emocionales es lo menos que la Federación debiera asumir a lo largo de la estela de violencia que dejan los enfrentamientos entre grupos delictivos y las fuerzas federales.
Desde luego que no le falta razón al líder camaral y político de oposición, pues la verdad monda y lironda es que la guerra del presidente CALDERON en contra del crimen organizado ha resultado ser un total y absoluto fracaso.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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