AUNQUE bien pudieran calificarse como menores, lo cierto es que el ayuntamiento que preside el ingeniero ALFONSO SANCHEZ GARZA enfrenta asuntos problemáticos que tienen que ver con el interés social.
Entre los casos más relevantes surgidos en la semana laboral que hoy termina, destacan el conflicto con comerciantes y habitantes de la playa Bagdad, recorte de personal en todas las Secretarías y problemas con vendedores ambulantes de alimentos.
Pero, vayamos por partes.
Resulta que una mala costumbre se hizo ley y ahora residentes y comerciantes establecidos en el máximo paseo turístico matamorense se han inconformado porque el municipio suspendió el servicio de alumbrado público.
El problema estriba en que éstos tomaban la energía eléctrica para sus casas y establecimientos comerciales “colgándose” del cableado que abastece de energía eléctrica al sistema de alumbrado público en el balneario.
La sobrecarga provoca constantes “apagones” al desconectarse las cuchillas de los transformadores, de acuerdo al estudio del personal de esa dependencia y de la Comisión Federal de Electricidad.
Ante tal situación, el ayuntamiento ordenó desconectar todo tipo de instalación eléctrica irregular, obligando a los habitantes de aquella comunidad a contratar ese importante servicio directamente con la paraestatal.
Como los malos hábitos y costumbres al paso del tiempo se transforman en leyes, ahora resulta que los ciudadanos se dicen afectados y despotrican en contra de las autoridades municipales.
El tema, por supuesto, no es ninguna novedad, sino que está saliendo a relucir como consecuencia de un programa del ayuntamiento tendiente a reducir los gastos de operación, para enfrentar recortes presupuestales del orden federal.
Lo mismo sucede con relación a la disminución del personal en todas las secretarías y coordinaciones municipales, anunciada por el Oficial Mayor del Ayuntamiento, FRANCISCO MARQUEZ CARDENAS.
A más de ocho meses de haber iniciado la actual administración ahora resulta que se han detectado empleados de sobra incrustados en la nómina.
La “barredora” que entrará en acción a partir del próximo mes, como resulta lógico, ha provocado incertidumbre entre muchos empleados que habrán de quedar sin empleo.
El ahorro de pesos y centavos es el origen de ese trastorno social, aunque, claro está, es extraño que hasta ahora se haya detectado esa irregularidad.
Algo muy similar ocurre con los policías preventivos, quienes, de acuerdo a ordenanza federal, habrá de someterse a un período de capacitación policial y prueba de confianza.
Luego entonces ¿quiere decir que la Academia de Policía y los cursos impartidos a los cadetes no sirvieron de nada?
El anuncio en tal sentido externado por el propio Jefe de la Comuna también obliga al cuestionamiento lógico que tiene que ver con quién habrá de cubrir los gastos de traslado, estancia y viáticos de los 250 elementos seleccionados para cumplir con ese requisito contemplado en el convenio Federación-estado en materia de seguridad pública.
Quien también enfrenta problemas relacionados con el área de su competencia es el coordinador de Concertación Social, FELIPE CARDENAS GONZALEZ.
Por invadir el arroyo de la calle, banquetas y espacios destinados para personas discapacitadas, ordenó el retiro de cinco comerciantes ambulantes que ofertaban alimentos frente a la clínica-hospital del Seguro Social.
Ante la negativa que mostraron a los inspectores habilitados, el funcionario turnó el caso al Departamento Jurídico y, posteriormente, a la delegación de Tránsito Local para que procediera al retiro de los triciclos y aplicara la sanción económica correspondiente a los infractores.
Lo malo del caso es que la acción municipal sólo fue orientada a ese grupo determinado de comerciantes y, en cambio, se permite la instalación de puestos establecidos que se dedican al mismo giro comercial informal.
En consecuencia, ahora los agentes viales habrán de tener la encomienda de no tan sólo atracar a los automovilistas sino que ahora también a los taqueros ambulantes.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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