CUANDO todo indicaba que el mundo se le venía encima al gobernador del estado de Nuevo León, RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, un extraño golpe de timón en su política en materia de seguridad pública prácticamente enderezó la embarcación.
En efecto, la ola de críticas ciudadanas y concentraciones masivas repudiando su gobierno desaparecieron con la detención de cinco presuntos responsables del incendio y asesinato masivo en el casino Royale de la ciudad de Monterrey.
Extraño, por la prontitud con que la procuraduría de justicia regia identificó y aprehendió a una parte de los responsables de ese acto terrorista.
Otros eventos violentos de menores dimensiones, aunque con el mismo corte relativo a la provocación del terror entre la sociedad por bandas rivales de la delincuencia organizada no se han atendido con la misma agilidad investigadora.
Pruebas de campo, laboratorio y testimoniales mantienen en grave situación jurídica a los implicados, quienes, también extrañamente, fueron presentados oficialmente por el gobierno neoleonés y no por la autoridad federal como ya era costumbre.
Lo que no queda del todo claro es por qué ese grupo de delincuentes de alta peligrosidad que con su acto incendiario acabaron con la vida de 52 personas se encuentra bajo arraigo en una casa de seguridad del gobierno estatal.
Aparentemente no hay congruencia entre lo que dice y hace la Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León. Por un lado afirma que existen suficientes elementos probatorios para inculpar a los detenidos pero, por el otro, no los consigna ante un juez sino que gestiona una orden de arraigo en espera de reunir nuevas pruebas en su contra.
En circunstancias menores derivadas de otros delitos, la justicia federal de inmediato ordena la atracción del caso y los implicados son puestos a disposición de la SIEDO e internados en un penal de máxima seguridad.
Luego, entonces no resulta explicable el porqué se actuó de esa manera, máxime que los rescates de reos de los penales estatales son peccata minuta para los sicarios al servicio de los diferentes grupos delictivos que operan en la región noreste del país.
Acciones judiciales de esa naturaleza generan la duda en la opinión pública acerca de si realmente los detenidos son o no los verdaderos responsables de la masacre.
De lo que no existe duda es que la indagatoria y acción que llevó a cabo la autoridad estatal regia se convirtió en oxígeno puro para el Jefe del Ejecutivo en esa entidad norteña.
Cuestión de recordar cómo en el caso del asesinato del agente federal estadounidense en tierras potosinas, la investigación, arresto y presentación del presunto responsable estuvieron a cargo de la Procuraduría General de la República.
Si bien es cierto que el incendio y asesinato masivo en el casino regio podría tipificarse como un delito del fuero común, dada la magnitud del suceso, equiparado como un acto terrorista, el caso debió ser atraído por la Federación y, sobre todo, poner a buen recaudo a los detenidos en previsión de que se les asesine para que no hablen de más, o bien para evitar un eventual rescate, de ésos que están muy de moda en los diferentes Centros de Ejecución de Sentencias.
Hipotéticamente, el apoyo de gobernadores priístas y acuerdo con el presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA permitió el lucimiento del mandatario estatal RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ ante sus representados en la tierra de la machaca y el cabrito.
El anuncio de que se han obtenido más datos que permitirán otros arrestos con relación al caso también ha fortalecido su imagen que, como es del dominio público, estaba por demás deteriorada como consecuencia de la escalada de violencia, principalmente en la zona conurbada.
Independientemente de todo lo anterior, la vox populi regiomontana desea con ansias que la acción de la Procuraduría de Justicia estatal no sea un montaje mediático para disminuir la crítica nacional e internacional.
Está muy cercano el caso de que el gobierno federal anunció con bombo y platillo la captura del responsable de la muerte del policía yanqui, aunque, días más tarde, hubo de ofrecer una millonaria recompensa para quien aportara datos que permitieran la identificación y arresto del verdadero criminal.
Es decir, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas.
Y hasta la próxima.
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