LA compulsa de facturación al gobierno del estado en el último trimestre del pasado sexenio, ordenada por la Auditoría Superior del Estado, ha causado una serie de comentarios y especulaciones.
Luego de darse a conocer que 700 proveedores de la pasada administración estatal, escogidos al azar, habrán de demostrar los servicios prestados y cobrados, el escrutinio financiero causó escozor entre periodistas y empresarios de la comunicación.
Un par de semanas antes, el órgano fiscalizador del Congreso Local también ordenó a proveedores de publicidad oficial que presentaran la documentación que ampara los servicios prestados en ese rubro durante el último año del trienio del alcalde matamorense ERICK SILVA SANTOS.
La acción tendiente a comprobar y transparentar el gasto con recursos públicos, como es natural, ha causado extrañeza y a la vez zozobra e incertidumbre ante la eventualidad de doble facturación, o bien, pagos a empresas inexistentes.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, GUADALUPE FLORES VALDEZ, ha salido en defensa de la labor de los auditores estatales, argumentando que se trata simple y sencillamente de una compulsa para conocer a ciencia cierta si la erogación corresponde al servicio prestado.
También ha dejado en claro que entre los 700 proveedores seleccionados al azar se encuentran distintos prestadores de servicios, incluyendo a periodistas, editores y concesionarios de prensa, radio y televisión.
La probable comisión de ilícitos en el manejo del erario y la necesidad del nuevo gabinete estatal de demostrar honestidad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos es el motivo por el cual, de manera poco común, el órgano fiscalizador se encuentra en plena labor de escrutinio financiero.
Es evidente que el gobierno que encabeza el ingeniero EGIDIO TORRE CANTU sospecha de malos manejos en el presupuesto que ejerció la Coordinación de Comunicación Social en el pasado sexenio estatal.
Sin embargo, no está del todo claro si la compulsa incluirá a las empresas contratistas que resultaron beneficiadas con contratos millonarios para la ejecución de obras de infraestructura urbana.
Justo en ese rubro es donde se llevan a cabo los grandes negocios al amparo del poder, que permite que al término de cada sexenio se cocine una nueva comalada de millonarios.
Los resultados del operativo financiero que tiene bajo su responsabilidad el auditor superior MIGUEL SALMAN ALVAREZ los dará a conocer oficialmente a los legisladores locales en los días por venir.
La lupa fiscalizadora en los movimientos financieros de EUGENIO HERNANDEZ FLORES se constituye, en automático, en un probable indicio de que la relación entre TORRE CANTU y el exmandatario no es del todo cordial.
Del mismo modo, la embestida torrista en contra del geñismo es interpretada en los corrillos políticos como una forma severa de ubicar en su actual sitio al ojiverde.
La supuesta o real resistencia de HERNANDEZ FLORES a mantenerse al margen de la política tamaulipeca, en franca irreverencia a los nuevos tiempos, obligaría al Jefe del Ejecutivo Estatal a hacer uso de la Auditoría Superior del Estado, al margen de la acción que lleva a cabo el aparato de procuración de justicia estatal.
La auditoría que se practica en el gasto de publicidad oficial que manejó en 2,010 ERICK SILVA SANTOS también podría estar orientada a dejarlo fuera de la jugada política en el proceso electoral del año próximo.
Es por ello que la autoridad en la materia está requiriendo copia de la facturación que los medios de comunicación expidieron como constancia de la prestación de ese servicio.
Independientemente de los resultados que arrojen ambos escrutinios financieros, lo cierto es que el actual gobierno estatal no confía en la documentación contable presentada por ambas instancias gubernamentales.
En consecuencia, es lógico suponer que existe la presunción de malos manejos de lo recursos públicos, lo que, de comprobarse, pondría en graves aprietos jurídicos a quienes tuvieron a su cargo las distintas partidas presupuestales.
Aunque, a decir verdad, también puede suponerse que se trata de acciones fiscales con tintes políticos, como es el proceso penal que mantiene encarcelado al conocido alto funcionario del régimen estatal anterior.
Y hasta la próxima.
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