EL escándalo político nacional del pasado fin de semana fue, sin duda, el arresto y pronta liberación del exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del estado de Coahuila, JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ.
Quien gozó de todas las confianzas del exmandatario coahuilense y ahora máximo dirigente del Partido Revolucionario Institucional, HUMBERTO MOREIRA VALDES, enfrenta un proceso penal por la probable responsabilidad de los delitos de Uso de Documentos Falsos y Equiparados al Fraude por Simulación de Actos Jurídicos.
VILLARREAL HERNANDEZ es acusado de haber contratado de manera irregular créditos por 3 mil millones de pesos con el Banco del Bajío y Banco Santander a favor del gobierno del estado, mediante el uso de dos decretos falsificados.
Ambos delitos, que presuntamente cometió el encargado de las finanzas coahuilenses, son sancionados con una pena de entre 5 y 8 años y no están tipificados como graves.
Por tal motivo, tras alrededor de 15 horas de permanecer privado de su libertad a disposición del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, obtuvo su libertad bajo caución tras depositar una fianza de 10 millones de pesos.
Otros servidores públicos también están en la mira de la justicia estatal e, incluso, de la Procuraduría General de la República, que también lleva a cabo indagatoria paralela.
Cabe señalar que aquella entidad norteña padece un endeudamiento por casi 34 mil millones de pesos, herencia de MOREIRA VALDES a su sucesor.
A pesar de que el ahora presidente del Comité Nacional del PRI se dijo complacido por la actuación de la justicia en contra de su exsubalterno, la verdad es que el escándalo político-judicial poco a poco lo está hundiendo en ese escenario nacional.
Quiérase o no, lo cierto es que el millonario adeudo de la hacienda coahuilense no tan sólo está acabando políticamente al profesor y experto en bailes populacheros, sino que el escándalo amenaza con afectar el proyecto político del aspirante a la candidatura tricolor a la presidencia de la república, ENRIQUE PEÑA NIETO.
El también ahijado político de la profesora ELBA ESTHER GORDILLO, mandamás nacional del magisterio, como es natural, está siendo sometido al fuego a discreción de sus rivales de partido y de las corrientes ideológicas contrarias.
El descubrimiento de aquella cloaca del norte del país ya se veía venir como consecuencia de la denuncia interpuesta por los diputados y dirigencia estatal panista el 30 de junio, misma acusación con fecha 25 de agosto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, obligado por las circunstancias, con fecha 7 de septiembre, por el exgobernador HUMBERTO MOREIRA VALDES.
Las baterías de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional centran su mira en lo que consideran corrupción extrema de un grupo de malos funcionarios encabezados por quien ahora ostenta la máxima representación del Revolucionario Institucional.
Se da por descontado que tanto la derecha como la izquierda mexicanas estarán muy pendientes del desarrollo del proceso judicial, con el objeto de impedir cualquier intento de impunidad y, sobre todo, en espera de que deslinden y finquen responsabilidades.
En odiosa comparación, vale la pena reflexionar acerca del proceso penal que enfrenta el exalcalde de Tampico OSCAR PEREZ INGUANZO, quien se encuentra privado de su libertad.
El tampiqueño es probable responsable de Ejercicio Indebido de la Función Pública y se le investiga, además, por el presunto desvío de recursos públicos por 300 millones de pesos.
A simple vista y sin zambullirse en el código penal, es evidente que el fraude por 3 mil millones de pesos en Coahuila es diez veces mayor que el que enfrenta PEREZ INGUANZO allá en el puerto de Tampico.
En el mismo contexto, mientras el coahuilense enfrenta fuera de cautiverio el proceso penal, el tamaulipeco permanece recluido en un Centro de Ejecución de Sanciones.
Claro está que el primero depositó 10 millones de pesos como fianza para recuperar su libertad, mientras que el segundo, según su dicho, no tiene recursos para aportar 8 millones que el Juez Penal le impuso para responder a las acusaciones fuera de la prisión.
Por lo pronto, el escándalo político-judicial en Coahuila amaga el proyecto político del estado de México.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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