COMO consecuencia del incremento de la narcoviolencia en el territorio mexicano, el Departamento de Defensa y el propio gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica podrían enfrentar dualidad de criterios en ese contexto.
Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército estadounidense y por el Centro de Monitoreo de Desplazados Internos establece que la solicitud de asilo político por parte de ciudadanos aztecas se ha incrementado en un 50 por ciento, sólo de 2,010 a la fecha.
Datos recabados por el Centro de Monitoreo, organización no gubernamental, precisan que poco más de 230 mil mexicanos han solicitado la protección del gobierno yanqui para resguardarse de la violencia que han provocado los cárteles de la droga.
El análisis establece que tan sólo el año pasado 115 mil personas solicitaron asilo político al gobierno del vecino país del norte.
El éxodo de mexicanos, de acuerdo al estudio, se reflejó especialmente en los estados de Durango, Veracruz, Coahuila y Chihuahua, entidades que han resentido con mayor intensidad los resultados de la campaña del gobierno del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA en contra del crimen organizado.
Con todo y que los sendos análisis no necesariamente reflejan la postura oficial del Departamento de Defensa ni del Departamento de Estado, lo cierto es que el tema de los “narcorrefugiados” seguramente provocará controversia en la cámara de representantes.
Analistas en temas migratorios y de seguridad nacional estiman que a medida que se incremente el número de autorizaciones de asilo político, crecerán las probabilidades de debate en el congreso estadounidense.
Un eventual escenario pondría a los miembros de la cámara de representantes en la disyuntiva de seguir autorizando ese beneficio a extranjeros que huyen de la violencia en su país, o rechazar las peticiones y exponer a los solicitantes a ser violentados al regreso a sus lugares de origen.
Como es evidente, los efectos colaterales de la guerra calderonista en contra de los cárteles de la droga se reflejan, incluso, en otras esferas gubernamentales.
El asilo político a extranjeros que escapan de los estragos que provoca la violencia en gran parte de la república mexicana comienza a ser definido como el surgimiento de un gran reto para la seguridad nacional del país más poderoso del planeta.
A la par de ese tipo de solicitudes, el gobierno estadounidense enfrenta un reclamo mayor de peticiones de residencia permanente y visas de inversionista, situación que se ha reflejado con mayor intensidad a partir de 2,006 cuando asume el Ejecutivo Federal el presidente CALDERON HINOJOSA.
Las ciudades fronterizas del Valle de Texas, por ejemplo, registran un incremento considerable de tamaulipecos que por razones de seguridad han decidido cambiar su residencia allende el Bravo y cambiar su estatus migratorio.
Recientemente, un reconocido abogado de este puerto fronterizo solicitó asilo político a las autoridades del vecino país del norte al considerar que en México su vida corría peligro.
La petición, como en otros casos, fue aceptada y actualmente lleva a cabo los trámites correspondientes en espera de que su petición sea autorizada o rechazada.
Paradójicamente, a pesar de su formación universitaria, se vio en la necesidad de contratar los servicios de un profesional del Derecho con licencia en aquel país.
La identidad del profesionista es lo de menos. Lo realmente interesante es que, efectivamente, tal y como los señalan los estudios del Centro Estratégico y el Centro de Monitoreo, las peticiones de asilo político al tío Sam han aumentado considerablemente.
El tema, incluso, podría desestabilizar las cuotas anuales que tiene asignadas el Departamento de Seguridad Nacional para atender las peticiones de inmigración a sus familiares de parte de ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos.
Lo que da pauta a concebir que, con todo y la publicidad oficial del gobierno mexicano, lo único cierto es que el sexenio calderonista ha fracasado en su lucha para desarticular a los distintos grupos organizados que se dedican al tráfico de enervantes.
En el entendido de que a un año de terminar su mandato no se vislumbra un horizonte promisorio que devuelva la tranquilidad a los ciudadanos aztecas.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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