Los rumores no son buenos, y el que se propagó en días pasados respecto a Francisco Chavira deja puntos a la reflexión que preocupan.
Dicen algunos que a nivel federal se estableció un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para solicitar al gobierno de Tamaulipas la liberación de Francisco Chavira, aquel perredista que ha buscado la postulación a la candidatura por el senado bajo las siglas del partido del sol azteca, y que ha sido acusado de diversas cosas poco congruentes con la legalidad.
A Chavira lo avalan su hermana Diana, ex legisladora, quien al igual que algún grupo de militantes y amigos piensan que con cerrar calles, gastar dinero en mítines sin razón de peso o por gritar consignas contra el gobierno les van a borrar los expedientes donde se consignan las acusaciones por las tropelías cometidas en este caso, por Francisco, quien cumplirá dentro de poco un mes en el penal estatal.
No podemos emitir una opinión acerca del caso Chavira, dado que se encuentra en su etapa de desahogo de pruebas dentro de los tribunales, y no tenemos la autoridad oficial ni la preparación para emitir un juicio; lo único que hacemos es pensar que se debe resolver, a favor o en contra, pero dentro de la ley, y dejar de pensar que un delincuente de un partido distinto al que gobierna debe ser necesariamente preso político. Por ahí no va la cosa, definitivamente.
Porque entonces pedirían a los partidos políticos darse una vuelta por los penales, afiliar a cuanto reo existe y luego, exigir su liberación por considerar que son causa política. La infracción a la ley nada tiene que ver con las ideas políticas, o al menos, no debe tener nada.
Por lo anterior insistimos en que la ley debe emitir su opinión fundamentada en hechos y realidades, y evitar que estos grupos de inconformes se manifiesten en forma por demás arbitraria y dejen de pensar que a Francisco se le detuvo por ser un “preso político”. La verdad es que no tienen la magnitud política para considerarse como tales: un preso político es, por lo general, alguien importante que tiene influencia en la sociedad. No se puede etiquetar a cualquiera así, pues.
Y lo mismo sucederá con quienes sean detenidos en aras de cumplimentar un proceso judicial: el gobernador Egidio Torre Cantú ha pedido a las autoridades judiciales manejarse con profundo respeto a la legalidad, a los derechos humanos y a los ordenamientos judiciales y humanos existentes, para que no exista la duda de si se actuó en forma adecuada o inadecuada.
Se busca que la ley se cumpla en todos los rubros, con toda la gente, de todos los niveles.
Porque entonces, habrá que checar bien cuales son las preferencias políticas del lugar en el que vivimos, afiliarnos al partido opositor y, en caso de caer presos, pedir la intervención y calificarnos –auto calificarnos- como presos políticos, para que exijan nuestra liberación sin más ordenamiento que el evitar manifestaciones y demás.
Francisco Chavira deberá demostrar ante la ley que es inocente para que pueda salir libre de cargos, para que sea absuelto; en caso contrario, deberá responder de acuerdo a la ley como corresponda, y afrontar las consecuencias de sus acciones.
En tanto, debemos buscar la manera de exigir a nuestros representantes populares que pugnen con las autoridades competentes para que se pueda establecer un sistema judicial justo que no permita manifestaciones que afecten a los demás, aunque el tema es difícil, ya que por un lado, tenemos el derecho a la libre manifestación, pero por el otro, los afectados tenemos el derecho a la libre circulación, y ambos chocan.
¿Qué debe prevalecer? Ese es el conflicto existente, porque por un lado nos dan voz, y por otro, la misma ley nos da derecho a no ser jorobados por inconformes que, sin ton ni son, toman las calles como propias y secuestran a la ciudadanía en aras de que se cumplan sus caprichos. ¡Qué cosas!
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