Benny Cruz Zapata/EnLíneaDIRECTA
Victoria, Tamaulipas.- El caso de los tres ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores a quienes se les ligaba con una supuesta alerta migratoria sigue teniendo consecuencias nacionales ya que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional presentó esta tarde una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por haberse permitido el acceso de terceros a una averiguación previa sin que tuvieran ese derecho conforme a la ley.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación anuncia el Secretario Jurídico el PRI, Raúl Cervantes Andrade de lo anterior, poniendo e en claro que la denuncia se debe a una nota informativa publicada este día por un periódico en el que expresamente informa que tuvo acceso a una averiguación previa.
Detalla Cervantes que Cavazos Lerma se ha acercado al partido y le ha sugerido que pida formalmente a la Procuraduría un informe para saber si hay una averiguación previa.
El priista señaló que no permitirán que la PGR haga un uso político de la justicia.
“Cuando se comienza a utilizar la procuración de justicia, filtración de información privilegiada, se está abonando es a tener una inseguridad y no una certeza que es lo que están buscando los partidos y los ciudadanos”
Hizo notar que en los términos de la legislación vigente, sólo pueden tener acceso a la averiguación previa el inculpado, el defensor, la víctima o los ofendidos; y que en el caso de delincuencia organizada, como narra el tema del artículo periodístico, ese derecho lo tienen solamente el inculpado y su defensor.
Cervantes Andrade hizo notar que esta disposición legal existe para proteger los datos personales de los inculpados y por la presunción de inocencia a que tiene derecho toda persona hasta que no se demuestre lo contrario.
Se trata, afirmó, de un delito de administración de justicia donde hay disposiciones legales que dicen expresamente que la averiguación previa es protegida. En tal supuesto si un servidor público brinda información privilegiada y protegida, comete un delito de administración de justicia que es de naturaleza federal.
Cervantes Andrade afirmó que ésta deberá ser una investigación pronta y rápida, dada la protección de que gozan este tipo de averiguaciones al interior del edificio de la Procuraduría General de la República, la cual siempre ha manifestado tener un control específico sobre los servidores públicos que trabajan dentro de la institución.
Por ello a la PGR seguramente le resultará fácil saber quién tiene acceso a la información contenida en la averiguación previa y quién pudo permitir que un tercero la conociera, concluyó Cervantes Andrade.