Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En un acto sin precedentes en esta ciudad, el cabildo determinó que a partir de este día, el comunicador o periodista que difame, calumnie o atente contra la moral de algún funcionario o servidor público, será sujeto a una demanda, lo que fue aprobado por unanimidad por el presidente municipal Benjamín Galván Gómez, los 21 regidores y los dos síndicos que integran la Comuna.
Asimismo, se acordó que toda revista o medio impreso que sea considerado por los funcionarios en cuestión, amoral o difamatoria, le será prohibida su circulación al interior de cualquier dependencia o recinto municipal, al igual que a quien la distribuya.
La decisión fue tomada durante la primera sesión de Cabildo de este mes, celebrada ayer al mediodía, y fue a petición de la regidora del PRI, Yahleel Abdala Carmona, quien acusó a un periodista de la ciudad de ocasionarle daños morales a través de una revista que calificó de pornográfica, por lo que dijo que el editor de la misma ya fue demandado.
En el mismo tenor, se aprobó que sean dados a conocer los nombres de presuntos periodistas que a juicio de Abdala, se dedican a la extorsión de funcionarios públicos al solicitarles determinada cantidad de dinero a cambio de no salir publicados en algún medio de comunicación.
“Ante usted señor presidente, denuncio los hechos de que fui objeto, y a quien demando se jacta de que usted le promociona la revista”, expresó indignada la regidora tras señalar que como funcionaria esta sujeta a la crítica, pero que no permitirá que le publiquen cosas personales.
La queja de Abdala fue secundada por el regidor del PRD, Sergio Martínez López, quien en el mismo tenor acusó a dos periodistas más de haberlo sometido a presuntos actos de extorsión, y por igual, señaló al alcalde de ser el promotor de dichos periodistas.
“No podemos permitir que periodistas que trabajen para el alcalde, nos hagan esto”, reclamó.
Sin embargo, Galván Gómez se deslindó de la responsabilidad al señalar que dichos comunicadores no trabajan para ninguno de los medios de los que es el propietario, y por el contrario, dijo que no permitirá que ningún comunicador calumnie o atente contra la moral de cualquier funcionario público.
–“Esos periodistas que usted menciona no trabajan para mis periódicos. Repudio a quien calumnie”, acotó.
Es anticonstitucional
Al consultar sobre el tema con el candidato a doctorado en derecho laboral, Fernando Ríos Rodríguez, dijo que casos como este violan la soberanía del Congreso del Estado, porque el ayuntamiento no puede legislar en materia civil o penal, ya que invadiría la competencia legislativa de Tamaulipas.
Añadió que toda norma legislada por el ayuntamiento contradiría lo dispuesto por las normas reglamentarias ordinarias del Estado y de la Federación, y señaló que si no existe la norma tampoco debe existir la pena.
“Por la vía penal desaparece este tipo de delitos, pero queda en el ámbito de lo civil, y queda como daño económico lo que no esté debidamente comprobado”, expresó.
Sobre la prohibición de publicaciones al interior de los edificios públicos municipales, comentó que los derechos de ambas partes están debidamente amparados por la Constitución, y añadió que se pueden utilizar recursos que pueden ser desde la apelación hasta un juicio de amparo, los que pueden llegar hasta 60 años de duración.
“La circulación (de un medio de comunicación) no debe prohibirse ni se debe acotar ni establecer límites a la imaginación, ni a la forma de escribir o de plasmar imágenes, porque los derechos son para ser ejercidos, y quien establece limitaciones debe sujetarse a los atentados propios de ejercer un derecho también avasallante, y señaló que una imagen puede no ser aceptable, pero la circulación de un medio de comunicación no debe restringir en un espacio público.
“¿Quién va a juzgar la legalidad del documento (o revista)? La comuna es cosa del pueblo, y donde se ejerce la autoridad hay limitaciones”, concluyó.
El mes pasado dos periodistas de Puebla fueron demandados por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por presuntos actos de difamación y daños a la moral, los que fueron calificados de improcedentes constitucionalmente por atentar contra la libertad de expresión.
