Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Para Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del IFE en esta frontera, cambiar la actual credencial por una que contenga la dirección del usuario en forma encriptada que solo pueda ser leída por una computadora de ese organismo en tiempos electorales, es una medida que puede costarle al país 86 millones de dólares.
Ello, porque de acuerdo al funcionario, cada documento tiene un costo aproximado de un dólar, desde el momento de su emisión hasta llegar al elector, cantidad de dinero sumamente elevada si se toma en cuenta la cantidad de electores que hay en el país.
Dijo que en el primer distrito electoral de Tamaulipas hay 350 mil credenciales, lo que significaría una erogación al gobierno federal de 350 mil dólares, aproximadamente.
“Eliminarla quiere decir encriptarla de modo tal que solo pueda ser visible a través de un lector óptico o de un equipo especial y que no esté a la vista de todos”, dijo Moncada al señalar que esta es una primera opción, ya que una segunda es el cambio de lugar de la fotografía.
En dicho caso, mencionó que cambiaría del lado izquierdo al derecho, para dar seguimiento a algunos tratados internacionales que indican que la mayoría de la población es diestra y no siniestra en el uso de este documento.
“Son situaciones que el Consejo General delibera, analiza y revisa, por lo que veremos si hay una resolución específica que hagamos del conocimiento público de manera correcta para que se esté bien informado de los acuerdos que se adopten”, explicó.
De aprobarse la propuesta hecha en la cámara de diputados, los 80 millones de credenciales que hay en el país, tendrían que ser remplazadas por las nuevas encriptadas, lo que implica un programa que tendrían que iniciar de cero.
“Pero vamos a ver que es lo que decide el IFE y bajo que condiciones se pudiera hacer realidad esto y ver en que condiciones quedan las credenciales que en este momento están vigentes”, comentó.
Reiteró que en el país hay 86 millones de credenciales que se expidieron con el mismo formato que entró en vigor en 1990, de los que 350 mil pertenecen al primer distrito de Tamaulipas, y de ellos 300 mil son de Nuevo Laredo.
