Cd. Victoria, Tamaulipas.-Este año que inicia, marca en teoría la implementación de los juicios orales, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, pues la carencia de personal especializado pone en entredicho este cambio en el sistema de justicia; así lo considera el Presidente de la Federación de Colegios de Abogados en Tamaulipas, José Alfredo Jiménez Amaya.
Reconociendo que se han dado avances en este sentido con cursos e incluso incluyendo prácticas en los estudiantes de derecho, sin embargo la nueva reforma penal que incluye los juicios orales está marcada para este año pero en cuestión de tiempos se requiere mucho más para tener no solo el personal sino la infraestructura necesaria para concretar lo proyectado.
El abogado considera que Tamaulipas se encuentra a la zaga en estos cambios que ya están marcados en la impartición de justicia, por lo que es urgente que se trabaje no solo a nivel institucional sino particular en los juicios orales.
Cabe mencionar que en México, actualmente existen cambios sustanciales en diversos ordenamientos legales y áreas estratégicas.
Uno de esos cambios es la Reforma Constitucional de Justicia Penal, realizada en el año 2008 que busca instalar los juicios orales para:
Proteger y asistir más a las víctimas.
Administración de justicia transparente, pública, oral, expedita y accesible.
Justicia eficaz y con menos costos.
Eliminar el rezago en el impartición de justicia.
En México, en algunos estados de la República desde el año 2004 aparecieron nuevos procedimientos penales entre los que destaca el Juicio Oral.
Posteriormente, en las materias de lo familiar y civil, así como de justicia para menores, se inician los juicios orales en febrero del 2007.
Los Estados en los que se han llevado a cabo juicios orales son:, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Estado de México.
Entre otros, los estados de Jalisco, Durango, Morelos, Coahuila, Guerrero, Zacatecas, Baja California, Sinaloa y D.F., están en la etapa de inicio.
Todos los estados están obligados en un plazo máximo de 8 años (a partir del 2008) a ajustar sus procedimientos y las legislaciones locales, para cumplir con la nueva reforma constitucional de Justicia Penal.