Hace unos días en este mismo espacio publiqué sobre las pensiones a las que, según la Ley del Trabajo Mexicana, tenemos derecho los empleados y afirmé que la ley del ISSSTE tiene como máximo para una pensión -sin importar que pueda ser una pensión por orfandad, viudez, invalidez o años de servicio- de 10 salarios mínimos vigentes en el DF.
También que los investigares de la UNAM Ernesto Villanueva Villanueva e Hilda Nucci González, hicieron revelaciones extraordinarias cuando publican los resultados de un estudio que realizaron durante 9 meses, revisando las ediciones del Diario Oficial de la Federación desde hace 38 años (1974-2012) para descubrir que las pensiones vitalicias de los expresidentes mexicanos carecen de sustento legal, sin contar que el monto es escandaloso.
Hoy le comento, según la misma fuente, los expresidentes vivos en México son Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero en el tema de pensiones también cuenta la viuda de José López Portillo -la ex actriz Sasha Montenegro-.
De las cosas extraordinarias que revela la investigación hecha en la universidad que dirige el Rector José Narro Robles, la UNAM, dice que reciben mensualmente los expresidentes y la viuda, una pensión vitalicia por 205 mil pesos cada uno.
Hay que sumar el pago de bonos, aguinaldos, y compensaciones de ellos mismos; pero eso no es todo, porque debe adicionar usted los salarios de escoltas y personal de ayudantía; pago de servicio telefónico regular y celular; autos para el exmandatario, la esposa, hijos y escoltas con sus respectivos pagos de tenencia, verificación y mantenimiento; además del pago permanente de predial, agua, luz, jardinería, etc.
Quizá sin “querer queriendo” como diría Roberto Gómez Bolaños en su personaje de “El Chavo”, los investigadores editaron para la feria del libro (FIL) 2012 de Guadalajara, Jal., el libro “Beneficios ex presidenciales” donde detallan lo anterior, además de algunos “Acuerdos Gubernamentales”
Entre esos “documentos legales” se menciona al número 7637 del 25 de noviembre de 1976 -Echeverría entregaría el poder el 1 de diciembre próximo- donde se asigna de manera vitalicia a cada ex presidente un total de 78 elementos, de los cuales 22 pertenecen a la Armada, 11 a la Fuerza Aérea y 45 al Ejército.
El documento fue firmado por los secretarios de la Defensa y Marina, pero no por el entonces presidente Echeverría. No fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pero si registrado en la Secretaría de la Presidencia.
El 31 de marzo de 1987 el rubro de la pensión vitalicia presidencial quedó estipulado en el Acuerdo número 2763 Bis donde se señala que el monto será equivalente al salario de un Secretario de Estado, más un seguro de vida y gastos médicos mayores. También prevé “En el caso de fallecimiento del ex presidente, los beneficiarios serán la viuda y sus hijos, por tiempo limitado y con porcentajes específicos. Dice el libro galardonado en la FIL 2012.
Este acuerdo tampoco fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y no cuenta con la firma del presidente en turno, Miguel de la Madrid; la única rúbrica que aparece es del titular de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, pero –precisan los autores- dicha “firma” es sólo un garabato, no es su rúbrica oficial.
El investigador universitario Villanueva señaló. “…nadie dice nada, todos se quedaron callados.” La hipótesis es que los “Acuerdos” surgieron solo para darle figura o soporte legal a algo que de facto se venía haciendo en la práctica.
Quizá la sorpresa mayúscula fue encontrar un Acuerdo fechado el 30 de noviembre pasado y firmado por el presidente Felipe Calderón, donde modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP) para incrementar el número de elementos de seguridad asignados a su familia, incluyendo a padres, suegros, hermanos, cuñados, tíos, sobrinos, etcétera. Así los 78 elementos asignados a su rubro de seguridad se elevaron a 425, todos integrantes del EMP y no de lo que popularmente se conoce como “guardias presidenciales”.
La determinación del panista parece lógica si consideramos que fue quien “declaró la guerra al narcotráfico” y buscó la manera de asegurar los menores riesgos a su familia en círculo ampliado.
El libro “Beneficios expresidenciales” fue presentado la semana pasada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se pretende traducirlo al inglés.
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