Otra vez, el agua

Con los problemas de abasto de agua, Tamaulipas entra en riesgo de ser declarado en estado de emergencia: 560 mil hectáreas de sorgo corren peligro de desaparecer por la falta del vital líquido.

Ya son tres años de intensa sequía que, de alguna manera, se ha conjurado en parte por las medidas de racionalización, tanto en el área rural como en zonas urbanas. Las ciudades han tenido que manejar programas emergentes de ahorro del vital líquido, sin embargo, pareciera que algunos no han entendido la naturaleza del problema, el enorme riesgo que implica el quedarse sin agua por más tiempo.

Las autoridades del sector agrícola ponen el grito de alerta en los distritos de riego para evitar una catástrofe que, en aspectos económicos sería de funestas consecuencias, y propiciaría una gran crisis económica en la zona.

Recordemos que San Fernando es uno de los principales graneros del país y el estado, y la economía de esa región está fundamentada en la siembra y la ganadería, sector que también se ve seriamente afectado: los productores se quejan de la falta de pastas para sus cabezas de ganado, y lo que sigue es que haya un comercio desequilibrado, es decir, que se tengan que malbaratar las cabezas de ganado por tal situación.

Ante este problema, no se puede hacer mucho: mientras no llueva, no habrá progreso en el campo, y en las ciudades padeceremos la falta de abasto como ha sucedido en anteriores épocas.

Los involucrados en el sector se han acercado a las autoridades federales y estatales para solicitar apoyos y conjurar el grave peligro para su economía, y por otra parte, los gobiernos de ambos niveles estarán pensando ya en qué hacer para paliar tal situación.

No es nada halagadora la situación, y eso lo tenemos que entender; mucho de lo que acontece, y lo sabemos muy bien, es consecuencia del rompimiento al equilibrio ecológico del planeta que, por años, los seres humanos hemos llevado a cabo con “brillantes” descubrimientos tecnológicos que facilitan en mucho nuestras acciones cotidianas sin medir las graves consecuencias que hoy vivimos.

Una catástrofe agropecuaria implica muchas consecuencias, siendo las económicas las más significativas, más cuando la región prácticamente vive de ese recurso, aunque no es todo lo que hay que considerar: hay otras cosas que se afectan, otros rubros, otros aspectos, pues.

En las ciudades comienzan a restringir la distribución del agua, pero tal pareciera que a una gran parte de la población no le interesa, y algunas autoridades hacen caso omiso a la función que deben desempeñar, provocando esa cantidad de fugas que a diario vivimos, por ejemplo, en la capital Victoria: sus calles lucen todos los días con enormes riachuelos de agua que brota de alguna tubería, sea por desperfecto provocado por el tiempo o por la negligencia con que se hacen los trabajos de mantenimiento.

En ese sentido, hay quien se pronuncia porque haya severas multas para los culpables de que el agua corra por ríos de concreto, y también porque los desconsiderados usuarios paguen su negligente actitud, su irresponsable accionar al lavar con la manguera los automóviles o dejar las llaves abiertas en aras de tener un jardín “bonito”, a costa de la tranquilidad de miles.

Es en ese sentido que pudiera propiciar algún legislador el cambio en las leyes para que, los irresponsables paguen con cárcel y multas muy severas su actitud criminal.

No se puede llamar de otra manera a quien desperdicia el agua: criminal, porque atenta contra muchos de nosotros. Hay quien, por supuesto, cuida el líquido, pero en caso contrario, suponemos que deben castigarlos con toda la severidad posible.

Es la acción de la autoridad: el cuidar los recursos, y a quien no lo haga, castigarlo severamente.

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Atentamente

Carlos David Santamaría Ochoa Ph.D.
A.I. Periodismo y Comunicación

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