Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Sanciones de dos mil hasta 5 mil salarios mínimos o cárcel de 3 a 8 años, serán aplicadas a despachos jurídicos que actúen de manera extrajudicial por encomienda de instituciones financieras, para amenazar y extorsionar a los clientes que se encuentren en Cartera Vencida y lograr el cobro de los adeudos.
En esta ciudad la Condusef recibe al menos una queja diaria de este tipo hasta sumar 70 en el año, por lo que antes de que entre en funciones esta reforma, la Unidad Especializada de Atención, es la que recibe este tipo de denuncias.
Eduardo merla Takasita, titular de la Condusef en Nuevo Laredo, comentó que la Ley de Ordenamientos y Servicios Financieros pudiera ser reformada mediante petición hecha por el Senado, con la finalidad de combatir a los despachos extrajudiciales que atentan contra la integridad de los usuarios o deudores mediante este tipo de acciones.
De ser aprobada y aplicada esta reforma, dijo el funcionario que Condusef ha sido importante para llegar a ello, ya que detecta estas anomalías mediante las quejas directas, muchas de ellas traducidas en actos de extorsión.
“Estos actos se presentan con el acoso diario en el hogar, llamadas recurrentes y fuera del horario normal, además de la falsificación de cédulas judiciales, al llamar a los usuarios a que paguen mediante amenazas”, explicó.
Por lo general se trata de despachos jurídicos extrajudiciales que compran la cartera vencida de algunas instituciones financieras, por lo que abusan con este tipo de cobranzas, pero una vez que sea aprobada la minuta en la Cámara de Diputados por ordenamiento del Senado, habrá sanciones económicas severas.
Dijo que estos despachos suelen intimidar a los clientes en horarios ‘anormales’, falsificación de cédulas extrajudiciales, llamar a parientes o amigos, acosar a las personas en sus domicilios, molestar en los trabajos, lo que se traduce en una seria violación a las garantías individuales de las personas.
Para hacer efectiva la denuncia o queja, el afectado deberá presentar ante el organismo el nombre del acosador y la carta enviada por el despacho jurídico que lleva a cabo la cobranza, lo que es notificado al organismo a nivel estatal y nacional para que se actúe.
“No vamos a parar hasta que tengamos una ciudad financieramente sana en ese sentido”, aclaró Takasita.
