Cd, Victoria, Tamaulipas.-Las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad los dictámenes que reforman distintas Leyes, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Egidio Torre Cantú, entre las que destaca reformas al Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, que establece la implementación del sistema penal acusatorio y oral que arrancaran el primero de julio en la capital del Estado.
Los legisladores aprobaron los dictámenes referentes a las Iniciativas de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, de la Defensoría Pública para el Estado y de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, promovida por el Lic. Armando Villanueva, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.
La Diputada Rosa María Alvarado Monroy, Presidenta de la Comisión de Justicia dijo que se plantea que el inicio de vigencia del nuevo Código procesal penal, se ponga en marcha para el primero de julio próximo, arrancando en Ciudad Victoria y gradualmente en los 15 Distritos Judiciales o las 6 Regiones en que se divide el Estado.
Señaló que es prudente detener la implementación en su totalidad, para poder socializar y ensayar el nuevo sistema en la capital, para ver su funcionamiento y si fuera necesario realizar las adecuaciones que requiera y además esperar así la aplicación del nuevo Código Único, el cual se prevé para el mes de diciembre.
Alvarado Monroy, explicó que la primer Región Judicial con cabecera en Ciudad Victoria, comprende los Distritos Judiciales I, IX ,X y XII; la segunda con cabecera en el Mante, comprende los Distritos Judiciales VII, VIII y XV; la tercera con cabecera en Matamoros, comprende los Distritos Judiciales IV, XI y XIV.
La cuarta con cabecera en Nuevo Laredo, comprende el Distrito Judicial III; la quinta con cabecera en Reynosa, comprende los Distritos Judiciales V, VI y XIII y la sexta con cabecera en Altamira, comprende el distrito Judicial II.
Cada Región Judicial contará con los Jueces de Control y Tribunales de Juicio Oral que considere pertinente el Consejo de la Judicatura del Estado, quienes ejercerán jurisdicción dentro de la misma.
Estás Comisiones aprobaron un dictamen a la propuesta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que busca adecuar su organización y funcionamiento a las necesidades que impone la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
En dicha propuesta destacan puntos referentes a la organización territorial del Estado para el sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en seis Regiones Judiciales, jurisdicción territorial diseñada para implementar de manera eficaz el nuevo Sistema de acuerdo a la situación geográfica y demográfica.
A la creación de los órganos judiciales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, los cuales consistirán además del Pleno y de las Salas Colegiadas, Unitarias y Regionales del Poder Judicial del Estado, en Tribunales de Juicio Oral en materia penal integrados colegiadamente por tres jueces, así como por los jueces de Control, y la creación de los órganos auxiliares correspondientes.
Además se dictamino la Iniciativa que reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, que busca la reordenación estratégica de la estructura de la Procuraduría para que sea aplicado el sistema penal acusatorio, aprovechando de una manera más eficaz los recursos humanos y presupuestales con que se cuenta, lo que impactará en un mejor servicio a las personas y, por ende, en el ahorro de recursos que podrán utilizarse en otros renglones de la procuración de justicia, para favorecer a un número mayor de tamaulipecos.
También otro dictamen aprobado referente a la Ley de la Defensoría Publica, el cual propone que la institución de defensa publica sea de calidad, con personal profesional, capacitado y de carrera, que tenga la misión de defender a cabalidad a la población que así lo solicite y la visión de ser el garante del respeto de los derechos de las personas en controversias con otros individuos o en conflicto con la ley.