Reynosa, Tamps.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) justificó ante los diputados del Congreso de la Union que la iniciativa de homologar la taza del IVA a un 16% generalizado en todo el país, obedecía a que la taza preferencia del 11% en la franja fronteriza era inequitativo con el resto de los contribuyentes del país, además de calificarlo “injustificado” por no lograr los propósito de su concepción temporal hace más de una década.
De acuerdo a la glosa contenida en la Iniciativa de Ley de Ingreso del 2014, el gobierno federal tenía la apreciación de que la taza preferencial del 11% de IVA en la frontera propiciaba el encarecimiento de servicios y bienes de consumo, teniendo como referencia que los residentes tenían mejores ingresos económicos que los del resto del país.
La aplicación de una tasa reducida en dicha región, además de implicar una menor recaudación, dificulta la administración y el control del impuesto, por lo que se abren espacios para la evasión y elusión fiscales., ese fue uno de los argumentos de Hacienda.
Y fundamenta en la solicitud de homologar el IVA en todo el país: “Con respecto al aislamiento que existía entre las poblaciones fronterizas del resto del país que originalmente justificaba este tratamiento, se puede señalar que actualmente este argumento no tiene sustento, debido a que la infraestructura de comunicaciones y avances tecnológicos han estrechado la integración económica y comercial de la región fronteriza con el resto del territorio nacional.
Actualmente, la zona fronteriza cuenta con mejor infraestructura de comunicaciones y transportes que el resto del país”.
Para concluir en su argumentación y como clavos finales en la cruz de la frontera, Hacienda expuso lo siguiente: “Es importante mencionar que la aplicación de tasas diferenciales en la región fronteriza de México, implica los siguientes efectos no deseados:
Reduce la recaudación tanto en operaciones domésticas como en importaciones, por el efecto de simulaciones realizadas con el fin de aplicar indebidamente la tasa menor.
Abre espacios a la evasión y elusión fiscales y dificulta su fiscalización ya que se requiere implementar mecanismos de control y verificación respecto de las operaciones realizadas en la región fronteriza.
Impacta a la administración y al control del impuesto, limita las ventajas que representa la aplicación de un impuesto al consumo general, ya que requiere que la autoridad fiscal verifique de manera adecuada y certera que dichas operaciones efectivamente se realicen en la región fronteriza.
Atenta contra el federalismo fiscal, toda vez que no se justifica que el costo de este tratamiento sea absorbido por las entidades federativas que no gozan del mismo.
