Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Considerada como la mejor del país en sus inicios, hoy, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) se encuentra descapitalizada y al borde del colapso, gracias a que sus gerentes crearon favoritismos entre el personal con elevados salarios, pensiones ilegales y cotos de corrupción que la tienen hundida con un déficit de casi 100 millones de pesos.
Pese a ello, quienes la manejan siguen culpando al usuario de que su morosidad es la causante de sus problemas, al considerar que al no pagar, la empresa está convertida en un ente que gasta más de lo que cobra.
Delfino González Muñoz, gerente recién nombrado por la administración municipal del PAN, explica a su modo las causas del problema: “Ese adeudo se ha acumulado a través de los años, y hay que atacar esa falta de pago de algunos contribuyentes o usuarios que han originado que haya esa acumulación de dinero”.
Reconoce que parte del adeudo se debe a que muchos de los usuarios no han pagado debido a que ya no viven en las casas que tienen cuentas acumuladas, y que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), pueden ser hasta 30 mil las que están en abandono y que cuentan con registro vigente ante la Comapa, al no haber dado de baja sus tomas de agua.
Los recursos captados entre la población por el consumo de agua suman 25 millones de pesos aproximados cada mes, mientras que los gastos de ‘operación’ generados por concepto de nómina, mantenimiento, equipamiento y reparación de fugas, es de 27 millones mensuales, lo que genera un desfase de dos millones.
La Comapa cuenta con una planta laboral de 600 empleados, de los que al menos 400 son sindicalizados, y el resto de confianza, aunque reconoce el gerente que en la administración anterior se ‘atacaron’ algunos casos de favoritismo entre empleados que fueron jubilados con cientos de miles de pesos por una antigüedad de solo tres años, amén de los elevados salarios que reconoce se pagaban y aún se pagan.
“Tengo conocimiento de un caso con un salario superior a los 30 mil pesos mensuales”, menciona, aunque dice que existe la posibilidad de que haya más empleados de confianza con esos salarios, lo que a su juicio mantiene en la casi quiebra a la empresa, pero insiste en que no hay deficiencia en el servicio.
Se trata de Juan Carlos Aldapa, cuñado del anterior alcalde y ex directivo de Comapa que con casi tres años de servicio en dicho organismo, fue liquidado con más de un millón de pesos, gracias a su excesivo salario, cantidad que ninguno de los empleados sindicalizados obtendría ni con 30 años de servicio.
Pese a ello, dice el gerente que la experiencia del personal y el equipo con que se cuenta, es suficiente para que la planta recupere el prestigio que tenía, pero agrega que se requiere equipo de reemplazo para evitar el desabasto que ha ocurrido en las últimas semanas.
La contraloría municipal está haciendo un estudio para analizar los salarios de cada trabajador, para que nadie gane más de lo que debe ganar, ya sean empleados sindicalizados o de confianza, y para que las percepciones que sean muy altas, disminuyan.
Aunque es cuidadoso de no mencionar la palabra corrupción, dice el gerente que quienes han disfrutado de beneficios adicionales a sus salarios, están ‘fuera de lo normal’, y que ahora recibirán lo justo.
El pago de 5 millones de pesos mensuales que el organismo paga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), algo así como 60 millones al año, contribuye también a su descapitalización.
Y si a ello se suma que el gobernador Egidio Torre Cantú se haya deslindado de su responsabilidad de subsidiar a la empresa al dejarle el control total al alcalde Carlos Cantúrosas, y que los colectores se encuentren inconclusos debido a que la anterior administración se desentendió de terminar al menos el Campeche, al que le faltan 600 metros de tubería para terminar con las inundaciones, se entiende que la Comapa no tendrá fondos suficientes para resolver sus problemas internos y externos.
Trampolín político
Pero los problemas de la Comapa van más allá de los favoritismos, de la corrupción y de la falta de pago del usuario común.
Ha servido como caja de resonancia de sus gerentes para impulsarlos con el apoyo del PRI, en la búsqueda de cargos de elección popular, en particular para la presidencia municipal en los últimos 15 años.
Un ejemplo es el ex alcalde José Manuel Suárez López, quien fue gerente del organismo de febrero de 1999 a marzo del 2001, para después de dejar el cargo, proyectarse como candidato del PRI a la alcaldía en junio del 2001, y conseguir la presidencia municipal en el período 2002/2004.
A partir de allí, el déficit de la Comapa comenzó a crecer de manera extraña y acelerada.
Otro caso más es el de Jesús Valdez Zermeño, pupilo político de Suárez López, quien lo impulsó a la gerencia de Comapa de enero del 2002 a diciembre del 2005, en dos administraciones municipales del PRI.
Fue mencionado entre los aspirantes a la candidatura del PRI para la alcaldía en dos ocasiones; una de ellas al dejar la gerencia, y la segunda en el proceso de julio de este año, aunque en ninguna fructificó.
Casualmente, tanto Suárez López como Valdez Zermeño fueron previamente dirigentes municipales del PRI, de donde se fueron directamente a la gerencia del organismo operador del agua.
Un caso no menos patético es el de Carlos Montiel Saeb, quien tomó la gerencia de la Comapa el 27 de junio del 2008, en sustitución de Valdez y bajo el mandato municipal de Ramón Garza Barrios, cargo que refrendó con el alcalde Benjamín Galván Gómez, hasta que fue designado candidato del PRI a la alcaldía en marzo de este año, aspiración que tampoco fructificó, al terminar derrotado en las elecciones del 7 de julio ante el candidato del PAN.
De ello, dice el actual gerente que al haber sido nombrado en ese cargo, la Comapa deja de ser trampolín que impulse a políticos a buscar la presidencia municipal.
“De eso estamos conscientes, de que la Comapa ha sido un escalón para abordar alguna posición política. Pero creo que el presidente municipal al nombrarme gerente, sabe que no tengo aspiraciones políticas porque los cargos que he ocupado son administrativos”, expresa orgulloso.
Negocio ¿redondo?
Para Fernando Ríos, quien fue asesor del Consejo de Administración de la Comapa cuando era el Sistema de Aguas y Saneamiento (SAS), menciona que bajo la administración de José Manuel Suárez López inician los primeros créditos ‘blandos’ o de fondo perdido que el Banco para el Desarrollo de América del Norte (NadBank), otorga a municipios que se preocupan por la calidad del agua.
“Creo que la Comapa es una caja chica para políticos, y es Horacio Garza quien hace mención de ello cuando culpa a Daniel Peña que de allí se había estado financiando para su campaña, por lo que surge una demanda contra Horacio, y es el primer antecedente en el que se ve involucrado el poder judicial”, recuerda.
Y es que el gobierno federal, al regresarle al municipio lo que por Ley le corresponde, que es el manejo de los recursos financieros y administrativos, así como el agua del río Bravo para su consumo, hace que dichos recursos sean disputados políticamente.
La politización de la Comapa ocurre cuando políticos como los mencionados se disputan la gerencia, y sus recursos, porque avisoran con el crecimiento y desarrollo de la ciudad, que es hacia el poniente, la creación de nuevas redes de servicio de agua hacia las nuevas colonias.
Hacia el puente internacional III hay interés del ex alcalde Horacio Garza porque se menciona con insistencia que es propietario de vastos terrenos aledaños a dicho cruce, cuyo valor aumentará cuando la planta de agua esté terminada.
Se dice que el también ex alcalde José Manuel Suárez López es propietario de vastas extensiones de tierra cercanas al fraccionamiento municipal Reservas Territoriales, cuyo costo aumenta conforme se va urbanizando esa área de la ciudad.
En tanto, el también ex alcalde Daniel Peña, comentan que es propietario de algunos terrenos cercanos a la Universidad Tecnológica.
Se presume que la intención de esos políticos de llevar agua a esos sectores de la ciudad, es la de que se construyan nuevas plantas potabilizadoras que satisfagan la necesidad de decenas de miles de familias, cuyas colonias, al ser urbanizadas, aumentan por ende la plusvalía de las vastas propiedades de los políticos en cierne.
