Nuevo Laredo, Tamaulipas.-El director de la Preparatoria Laredo, Javier López Ríos, presentará una demanda penal en contra del alcalde de esta ciudad, Carlos Cantúrosas Villarreal, y del secretario de obras públicas, Carlos Germán de Anda, por haber violado sus derechos como ciudadano y propietario de una institución educativa.
La demanda en contra del alcalde, dijo el también abogado, será por haber ordenado al departamento de transito el retiro indebido de su vehículo, el que estaba estacionado a un lado del centro educativo, hecho que calificó de robo.
En tanto, la demanda contra el funcionario de obras públicas, será por haber ordenado la demolición de unas escaleras de emergencia que invadían medianamente la banqueta sin haberle avisado de manera previa, y por haberse ‘robado’ el material con el que fueron construidas.
“La escalera se construyó como una salida de emergencia, con la finalidad de evitar riesgos, peligros, tanto internos como externos. Manejé el alegato en el sentido de que los alumnos están seguros en el interior, pero en el exterior puede haber acontecimientos que pueden poner en peligro a los estudiantes, señaló.
Mencionó que presentó la petición de manera correcta a las autoridades, y que protección civil le ofreció el permiso para ello, aunque recordó que el 20 de agosto de este año hizo la petición a Obras Públicas el permiso de construcción, pero lamentó que nunca le contestaron dicha petición.
“Con base en lo que protección autorizó, procedí a construir las escaleras, por lo que promoví un amparo para que se suspendiera el acto de demolición, pero las autoridades anteriores mintieron ante el juez de distrito, al haberle manifestado que nunca me molestaron”, señaló.
Dijo que el 31 de octubre solicitó de nueva cuenta, pro al actual alcalde, una audiencia para platicar sobre la construcción de la escalera, pero dijo que nunca recibió contestación, aunque la semana pasada obras públicas le advirtieron que demolerían la escalera, además de haberle impuesto una multa de 700 días de salario.
Ante estas ‘irregularidades’ y violaciones a sus derechos, dijo el abogado que procederá a demandar penalmente a las dos autoridades mencionadas, y consideró que antes de demoler, el alcalde y el secretario de obras públicas debieron haber esperado al término que marca la ley en este caso, que es de dos semanas antes de proceder a la demolición
“Demando al alcalde por haber ordenado a tránsito el retiro ilegal de mi vehículo, y al secretario de obras públicas por daños en propiedad privada, porque no solo demolió la escalera, sino que se llevaron las varillas”, expresó.
