No es concebible que una persona que estudió para administrar cualquier cosa tenga problemas de liquidez y no pueda cubrir sus deudas; el hecho de que los contadores o delegados administrativos, secretarios de finanzas o como les guste llamar no puedan planear adecuadamente los deja muy mal parados y debiera tener consecuencias legales y laborales.
No concebimos, por ejemplo, que al término de una administración se retengan sueldos de esas personas que cobran por compensación, es decir, que nunca les garantizaron su empleo y los tienen en el aire, pero al término de la administración en la que colaboran, de repente les dicen que ya no hay dinero. Nada más injusto, inhumano y anti profesional.
Quisiéramos ver a un contador o funcionario que no cobre su quincena: aunque no lo necesitan por el volumen de ingresos que manejan, son puntuales en cobrar, y eso debieran hacer con sus compañeros de institución.
Se supone que uno gana diez pesos y debe administrarlos: dos para la renta, dos par ala comida, tres para servicios, uno para diversión, uno para imprevistos y uno para medicinas, por ejemplo. A donde queremos llegar es que no se justifica que se quede sin dinero una instancia oficial, menos, cuando vemos que el mismo se derrocha a manos llenas con los funcionarios de primero y segundo nivel.
Manuel Mejía Correa, entonces gerente del diario La Verdad siempre decía que “el sueldo es lo más sagrado que hay, y no debe dejarse de pagar completo y puntualmente”. Esa enseñanza nos ha marcado desde entonces, y pensamos de la misma manera.
Pero no solo los sueldos: vemos instituciones que no tienen papel de baño, no se trapean porque no hay con qué, las paredes siguen rayadas y en un estado deplorable, pupitres rotos y equipo de cómputo más viejo que nada. No es posible que quien administra lo haga de esa manera. Si el jefe o jefa le pide más dinero para un rubro no considerado, debe tener el carácter suficiente para decirle: “no tenemos para eso porque hay compromisos”, pero se le tiene un miedo al jefe y se evita contradecirlo. Malo, la verdad.
El dinero de las instituciones oficiales de cualquier nivel, educativas, de asistencia social o de lo que usted guste es sagrado, no se debe malversar, menos de la forma en que se hace hoy en día, y que es insultante la forma en que se derrocha.
Mucho nos gustaría tener acceso a información, por ejemplo, de nóminas que no se apegan a la realidad, o de facturas y gastos de ítems que no se ejercieron.
Es la triste realidad, pero más triste es cuando quien tiene autoridad para hacerlo no ordena una completa y minuciosa investigación para ver donde quedaron los dineros de la gente.
Muchos nos sacrificamos con trabajar a medias en cuanto a equipo y material se refiere, porque ya se gastaron todo, pero molesta y mucho ver que quienes toman decisiones no lo hacen en forma equitativa y justa. Quien trabaja tiene todo el derecho de exigir su pago puntual, independientemente de que si se gestionó el recurso o no.
Esos son temas que los que trabajamos no entendemos: quien trabaja debe ser objeto de pago, quien administra tiene que aprender a no gastar más de lo que tiene, quien decide, debe hacerlo de la forma más justa posible.
Esa es la verdad, aunque duela y no se cumpla.
Se quiere poner orden: que se haga en forma integral y completa, minuciosa y enérgica, y si hay responsables, que se les consigne, que se les obligue a devolver lo robado y además, que se les inhabilite a cubrir cualquier puesto posible en la administración pública. Así de claro.
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