La astringencia presupuestal en la mayor parte de las economías del mundo debido al desequilibrio en las finanzas públicas, las dificultades para equilibrar ingresos y egresos y los desafíos presentes y futuros de la población, terminará por cambiar los esquemas tributarios.
Tarde o temprano habrá una “revolución fiscal” que modificará las bases, baremos, prototipos y esquemas de tributación y ese milagro se obrará con el tiempo en la medida en que poco a poco, vayan incluyéndose en la cotización fiscal a todas las actividades económicas ilegales, opacas, prohibidas por la ley, subterráneas e ilícitas.
No tengo ninguna duda que llegará el día en que cualquier actividad que genere una derrama pecuniaria dejará a la Hacienda Pública su parte correspondiente. Y es que sino, se pone en riesgo la supervivencia de la administración pública y de los sistemas de pensiones públicos, la sanidad pública, la educación pública, los cuerpos de seguridad y orden; entre otros.
La reciente crisis económica en los países más desarrollados y que lideran el capitalismo del siglo XXI, colocó sobre de la mesa de asesores y expertos fiscales, el debate entre incluir lo más rápidamente posible a todos esos esquemas de producción y actividad económica que hasta hoy día no aportan impuestos.
Parecería que el dilema ético-moral en torno a las drogas, como la marihuana o cannabis, está a punto de dejarse a un lado en la medida en que legisladores y gobernantes van dando su visto bueno para su consumo.
Predomina la premisa de recaudar y no importa si para ello hay que dejar de gastar dinero en combatir el mundillo de las drogas o el emporio de la prostitución.
Al fin y al cabo que para combatir las tropelías, se recurre al ejemplo de Al Capone y quienes pretendieron emularle después en Chicago en la década de los 1930 con el contrabando de vinos, licores y cigarrillos, bastó con legalizar su consumo.
Total que antes de mediados del siglo XXI seguramente fumarse un porro y pagar por sexo dejarán sus correspondientes impuestos y los gobernantes estarán felices de la vida por los presupuestos federales.
Honestamente lo digo como economista, los gobiernos y sus respectivos gobernantes se han visto lentos en terminar con la economía subterránea, informal o sumergida.
Durante los últimos treinta años, los propios organismos internacionales y algunos regionales como la CEPAL han insistido en la necesidad de avanzar ya en acciones firmes y férreas para transparentar todas estas actividades que evaden al fisco; para de hecho llevar lo ilegal al terreno de lo legal y entonces tratar de combatir su fenomenología no combatiéndola a través de los cuerpos de seguridad sino probablemente mediante otros canales e instrumentos.
Lo cierto es que en esas tres décadas de análisis, la economía subterránea, informal o sumergida no ha descendido, sino todo lo contrario, cada vez le come más terreno a la economía formal que sí tributa y contribuye.
De acuerdo con Eurofound, en el caso de las economías europeas lastradas por el tema económico, la economía sumergida se ha consolidado. En la UE de los 27 países, la economía sumergida es del 18.4% del PIB.
En países como España es del 19.2% quizá no tan elevada como Bulgaria donde la economía sumergida es del 31.9%; Rumanía del 29.1%; Lituania del 28.5%; Estonia del 28.2%; entre otros.
A COLACIÓN
Hay que hacer algo y hacerlo ya. Precisamente, la Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat por sus siglas en inglés) se encarga de producir datos sobre la UE y promover la armonización de los métodos estadísticos de los estados miembros.
Pues Eurostat está promoviendo un cambio metodológico en los países miembros para que, a partir del mes de octubre próximo, los gobiernos europeos incluyan en el cálculo del PIB, tanto al tráfico de drogas como a la prostitución.
El documento “Reforma fiscal y agujeros negros del fraude”, analiza cómo se incrementaría el número de cotizantes en la Seguridad Social debido a la legalización de actividades tales como la prostitución.
Únicamente en el caso de España, según datos de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la prostitución y el tráfico de drogas blandas como la marihuana pueden llegar a ser legalizadas “para luchar mejor contra sus efectos adversos y aumentar los ingresos públicos”.
En España, se estima que los locales de alterne ligados con la prostitución generan 18 mil millones de euros anuales si se legalizará la prostitución, los inspectores fiscales españoles calculan que Hacienda recaudaría un 30% de dicha cantidad, esto es, 6 mil millones de euros que actualmente resolverían muchos problemas.
