Tampico, Tamaulipas.-Por haber sido maltratados física y psicológicamente en un campo militar en Durango, a donde fueron enviados a realizar los exámenes de control y confianza, 12 elementos de la policía ministerial buscan ampararse contra la suspensión de sus actividades ante un juez federal, a 6 ya se les concedió.
El abogado Juan Jorge Olvera, informó que fueron 12 elementos de la Ministerial que fueron a buscarlo para exponerle su caso, los cuales no están en contra de que se les evalúe, pero si piden que se haga de manera adecuada, mismos que le manifestaron que les dieron un mal trato los elementos capacitadores militares.
“Lo que de acuerdo a la información que ellos sometieron a mi consideración fue que les pidieron se realizara un procedimiento de control y evaluación, para eso fueron remitidos al estado de Durango a un campo militar y fueron tratados de manera irregular en ese campo militar, no hubo un procedimiento adecuado en el centro de evaluación y a la postre algunos elementos resultaron lesionados y los regresaron algunos por condición física y otros por forma inadecuada en cuanto a sobre peso”.
Indicó que después de que regresaron su situación laboral está suspendida, pero hasta la fecha no les han dicho si están dados de baja o no, por lo que se presupone que a lo mejor se les pretende dar de baja por no pasar ese procedimiento de control y confianza pero ese procedimiento no fue debidamente sustentado ni acorde a los parámetros de un elemento de la policía ministerial.
“Se promovió un amparo ante un juez federal y resulto procedente conceder la suspensión provisional respecto a esa suspensión de sus funciones”.
Refirió que este amparo se promovió en el juzgado Décimo ya se aceptaron 6 juicios de garantía, por lo que solo faltan otros 6.
Dijo que esperan que responda la Procuraduría Federal del estado respecto al acto reclamado y en base a ello se tiene derecho a aportar pruebas y el procedimiento de amparo, para que el juez federal determine si concede o no la protección del amparo de la policía ministerial.
Manifestó que ellos temen la baja y que esa baja de acuerdo a los antecedentes no sea sustentada en un procedimiento administrativo debidamente fundado y del cual resulte una resolución en la cual se decide darlos de baja.
Hizo hincapié en que ellos están viendo este caso desde el tema de la legalidad, que ellos tengan derecho a una audiencia en cuanto a la forma en la que se les pretende suspender o dar de baja en sus funciones y el motivo principal creo que puede argumentar la procuraduría es la no aprobación de ese procedimiento de control y confianza pero en su desarrollo considera que no esta bien sustentado y adecuados los procedimientos utilizados para llevarlos a cabo, pues ellos están de acuerdo en que se les evalúe pero con un programa acorde a las funciones que desempeñan.
