Decía Marthita que no le parecía justo que las autoridades permitieran que los automóviles que entraron ilegales al país y el estado tuvieran las mismas placas que los que habían hecho un esfuerzo por comprar una unidad nacional, pagando impuestos y demás. “No es justo, a nosotros nos cuesta y a ellos no”, decía. Veinte años después, la fuerza de trabajo de México alza la voz y ratifica lo expuesto por Marthita: legalizar lo ilegal con trámites fuera de la ley no es el camino.
¿Qué nos están enseñando? Por un lado, el secretario de Hacienda hace ver que serán implacables quien no pague impuestos, y que serán terriblemente malos con los evasores, pero son pusilánimes para aplicar la ley: dicen que el decomiso de unidades de contrabando, ilegales, sin placas o con placas americanas incluiría un caos social por la cantidad que hay y porque afectaría a muchos mexicanos.
Lo que no dicen las autoridades es que esos mexicanos que hoy transitan pasando luces rojas y sin idea de ll que es una ley y como respetarla, han afectado a miles de familias mexicanas al privarlas de su empleo, porque comprar contrabando es desalentar la producción en el país, por donde se vea.
Según nota del colega Mauricio Zapata, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles –AMDA- Jorge Charur ha dicho que la nacionalización que se pretende hacer en la frontera por autoridades municipales populistas y demagógicas contraviene los intereses de las agencias de autos que sí pagan impuestos y sueldos. Son unas 70 agencias en el estado las que resultan afectadas por estas medidas populistas.
Criticó la declaración de Luis Alfredo Biasi, en el sentido de que en agosto legalizarán –según ellos- vehículos a precio más barato que en otros municipios.
¿De donde se agarra la administración panista? Populismo puro, porque en México hay una sola ley, y no puede aplicarse en un municipio en forma distinta. Lo que harán seguramente es dar un permiso “balín” para circular, porque Hacienda no ha dicho que sea así la nacionalización. Los ayuntamientos tendrán ingresos muy importantes de manera muy ilegal, engañando a miles de mexicanos.
El problema es que nadie quiere parar estos abusos y demagógicas actitudes: quieren ganar votos haciendo una acción ilegal, y eso debiera castigarse severamente más, viniendo de una autoridad que surge del voto popular.
Ya la alcaldesa matamorense dijo que cobrarán menos que en Reynosa la nacionalización, a lo que surge la interrogante: ¿será legal? ¿tendrá sus documentos avalados por el gobierno mexicanos?
Resulta realmente preocupante el hecho de permitir estos engaños, y también, el permitir que los tres niveles de gobierno no actúen cuando hay vehículos que circulan sin placas o en estado jurídico inadecuado: o hay orden o no hay, pero para todos.
Los que pagamos tenencia queremos que se derogue tan absurdo impuesto, pero mientras, hay que pagarlo deseando haya criterios justos para su desaparición.
Puede instrumentarse un programa que vigile la calidad de los vehículos que ingresan, y por otra parte, que cumplan con sus requisitos legales para ingresar, sin afectar a los que arman autos en el país y que propician empleos, miles de ellos.
No condenemos a la desaparición a las plantas armadoras de automóviles, a las agencias que venden carros, y a miles de mexicanos que s0obreviven gracias a esta actividad.
Tiene razón Charur cuando se opone, y es cuidadoso, porque quiere conocer el documento completo. En tanto, ya sabemos que no están de acuerdo.
Nosotros tampoco lo estamos, para ser francos.
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