Tienen razón quienes están en desacuerdo con las medidas instrumentadas y anunciadas por la presidencia municipal de Matamoros, en el sentido de que podrían regularizar unidades motrices a partir de este mes, con unas cuotas mucho más ajas inclusive que en Reynosa.
Tienen razón porque teóricamente –aclaramos: T E O R I C A M E N T E – en México hay una ley para los casi 120 millones de mexicanos y no puede ser distinta, no en estos rubros que tienen que ver con la legalidad y las cosas bien hechas.
El anuncio de la al alcaldesa Leticia Salazar lo hemos visto como un negligente movimiento político-electorero, en aras de captar votos a costa de la ilegalidad, comparando sus acciones con lo que se hace en todo el territorio nacional.
Precisamente, este viernes vimos ci rular más de cuatro vehículos, no de lujo, sino de súper lujo: deportivos, llanta ancha, quemacocos y demás, con una placa o de ONAPAFFA o de la UCD, grupos que fueron creados para apoyar a los productores en la legalización de unidades motrices que, no por el hecho de estar en el padrón de estas agrupaciones de dudosa honorabilidad tienen sus papeles en regla: son vehículos ILEGALES en todo lo que vale, y deben hacer su trámite como lo hacen millones de personas que ven un auto, les gusta, lo pueden pagar y lo compran, cruzan la frontera y lo legalizan. Así de sencillo.
Debiera ser una nación con leyes no tan flexibles, y que se pierda el miedo a los estallidos sociales, ya que éstos de cualquier forma se han dado. Un funcionario aceptaba que no podían hacer nada contra los dueños de los llamados autos “chocolates”, porque por lo general son gente de bajos recursos económicos y “se vendría un problema social que no veas”, nos dijo en esa ocasión.
Y es cuando recordamos a aquellos que trabajamos todos los días, que pagamos impuestos en porcentajes insultantes –más del 30 por ciento nos quitan por todo concepto ya agregado- y que hemos hecho el esfuerzo por pagar nuestro vehículo en mensualidades, y además, tenemos que cargar con tenencia, placas y demás, es decir: estamos dentro de la ley.
¿Por qué la otra gente no lo está? Salen con el viejo pretexto de que son gente de escasos recursos económicos, que no pueden pagar su carro en México. Dos opciones: exigir a los vendedores de autos en México que bajen sus precios –ilógico y estúpido pensarlo- o la otra: que no utilicen automóvil porque no pueden hacerse cargo de los gastos que ello implica para estar fuera de la ley, que también es ilógico, estúpido y más.
No se puede permitir más placas de UCD, de ONAPAFFA y ahora de las presidencias municipales fronterizas.
En el país hay UNA SOLA LEY y debe respetarse, así de claro.
Y eso es para todos nosotros: no se vale circular sin placas, sin tarjeta, sin seguro, con vidrios polarizados y cometiendo todo tipo de abusos. El día en que entendamos que hay que respetar la ley, pensamos que México puede cambiar para bien. Antes, seguiremos siendo el país agachón, pusilánime y rastrero que permite todo tipo de abusos sin chistar en forma adecuada.
Seremos esos que tomamos carreteras y centros comerciales (recuérdense, CNTE) en forma totalmente ilegal, a sabiendas que no hay autoridad que quiera portarse como tal –Oaxaca y Michoacán, claros ejemplos- y entonces, vivamos aguantando la porquería que nos endilgan a diario con un sinnúmero de declaraciones.
Hagamos “mutis” a los abusos y permitamos que personajes como Leticia Salazar y sus allegados hagan negocio con los automovilistas que, ilusionados, pagarán cuotas creyendo que ya están legalizados.
En ese sentido, como tamaulipeco, exigiría a mi diputado una queja, una demanda de juicio político a tan irresponsable alcaldesa, si es que permite esta ilegal acción, y que las consecuencias sean conocidas. Que se castigue a malos y mentirosos gobernantes, porque el tamaulipeco no merece mentirosos que les gobiernen.
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