Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El quinto regidor por el PAN, el agente aduanal Hugo Galindo Leal, mencionó que ‘los antiguos’ propietarios de un predio de 10 mil metros cuadrados que actualmente es ocupado por el Parque Silao, en la colonia Las Torres, fue una permuta por una propiedad municipal que se realizó conforme a derecho por acuerdo del cabildo.
“Cuando revocamos ese acuerdo, en el propio acuerdo le salvamos los derechos a la persona que está demandando, en virtud de que ella (Ernestina Acevedo González) donó ese predio o lo cambió por otro, y le guardamos los derechos adquiridos para en su momento tener la disposición de darle otro predio en lugar de ese”, comentó.
Sin embargo, como consta en el expediente número219/2014 y TOCA 86/2015, el acuerdo estriba en que a la propietaria del predio de la colonia Las Torres, se le debía dar a cambio un terreno de 1.5 hectáreas, lo que no fue respetado, ya que solo le ofrecieron uno con las mismas dimensiones que el suyo, y en un área muy alejada.
“Se hizo conforme a derecho, pero si la persona afectada no está conforme con esa disposición, está en su derecho de ejercer su inconformidad, tal y como estamos viendo con los dueños de los predios que faltan del puente tres, quienes están en su derecho de inconformarse, pero la intención por utilidad pública del Parque Silao y ahora los predios del puente tres, son de utilidad pública, y eso es lo que nos interesa”, expresó.
Pero debido a las irregularidades con que se efectuó la presunta permuta, Ernestina Acevedo se vio en la necesidad de presentar una demanda en contra de quienes aprobaron tal disposición, demanda que fue avalada por el Congreso de Tamaulipas y por el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, razón por la que el representante del ayuntamiento, en este caso el presidente municipal y su cabildo, deberán indemnizar a la afectada.
De los hechos, dijo el regidor Galindo desconocer si la revocación del acuerdo suscrito entre el ayuntamiento y la familia Acevedo, se haya hecho de manera dolosa a destiempo, para evitar una acción penal.
“Desconozco si es el caso, pero tengo entendido que los acuerdos que tomamos en Cabildo, los hacemos conforme a derecho y sin tratar de perjudicar a ningún particular sino el bien general”, mencionó.
De los detalles de la demanda que existe contra el alcalde, responsabilizó al director jurídico del ayuntamiento, en este caso a José Ángel Martínez, u de este caso, reiteró que el departamento jurídico es el que debe tener una respuesta al respecto.