Nuevo Laredo, Tamaulipas.-La Secretaría de Acción Política de Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tres demandas en contra de tres funcionarios de la actual administración municipal.
De acuerdo a la información presentada por el titular de dicha Secretaría, Jorge Isaac López, las demandas son por flagrante violación al principio de equidad en la contienda electoral, al desviar recursos y utilizarlos para facilitar el desempeño de sus cargos públicos y para hacer proselitismo en favor de la candidata del Partido Acción Nacional a la diputación federal por el primer distrito electoral de Tamaulipas.
Los documentos fueron sellados y firmados como recibidas por Patricio Griffith Cavazos, vocal secretario del Instituto Nacional Electoral en Nuevo Laredo, quien indicó que daría curso inmediato y esperaría las instrucciones de sus superiores.
Las demandas señalan los presuntos delitos electorales cometidos por Julia Elida Ortega De los Santos, coordinadora de Fortalecimiento Educativo; Siqueiros Luis Pérez Milicua, coordinador de Servicios Médicos del DIF y Jorge González Fisher, segundo síndico del Municipio.
Los tres funcionarios mencionados, mantienen propaganda adherida a sus vehículos motrices, en favor de la candidata del Partido Acción Nacional, cuando estos se encuentran aparcados en los cajones de estacionamiento municipal que tienen asignados como parte de los bienes públicos para el cumplimiento de sus funciones y no para proselitismo político.
Para constatar las denuncias, personal del INE acudió a dar fe de los hechos, recopiló evidencias, y las integró en los expedientes, a requerimiento directo de la parte demandante.
El secretario de Acción Política indicó que el delito electoral consiste en utilizar recursos públicos para promover una candidatura, en éste caso la de la abanderada panista, lo que vulnera el principio de equidad asentado y sancionado por la Ley Federal Electoral.
Con estas, dijo el priista, son cinco las demandas interpuestas ante el Instituto Nacional Electoral por delitos electorales que favorecen indebidamente al Partido Acción Nacional, cuatro asentadas por el PRI y una más por un particular.