Llama poderosamente la atención el hecho de que siempre dejamos al último los detalles que tenemos que atender oportunamente en cuestión de obligaciones con el Estado en general, es decir, el pago de derechos, impuestos y más.
No nos parece adecuado el dejar al último los pagos; somos enemigos de que se tenga que instrumentar un programa de beneficios para quien por cualquier razón deja de cumplir sus obligaciones.
Criticable la postura, puede ser, y es tan respetable como cualquiera otra, pero entendemos que un gobierno, en sus tres niveles, requiere recursos para funcionar, y éstos llegan vía impuestos y pago de derechos por placas, licencias de conducir y de construcción, de funcionamiento y más, y eso nos compete a los causantes, ciudadanos o personas, como lo quiera usted ver y llamar.
El gobierno de Tamaulipas promovió el pago de derechos vehiculares sin los recargos correspondientes, lo que significó un buen ahorro para quienes no pagaron a tiempo. Algunos, por falta de recursos, pero los más, por falta de voluntad para cumplir.
En ese sentido, somos de la idea de que, para poder exigir al gobierno que cumpla cabalmente con su función, tenemos que hacer bueno el dicho que reza que “el buen juez por su casa empieza”, y aplicarlo en el sentido de que, si cumplimos con el pago de todos nuestros impuestos, entonces tendremos la calidad moral para pedir enérgicamente un cumplimiento por parte de la autoridad, insistimos, en sus tres niveles.
Y es por ello que si pudiéramos, promoveríamos una ley que incremente los recargos por falta de pago, y aliente el cumplimiento, quizá con un descuento o algo así, y además, promoveríamos un sistema de pagos que pudiera ser acumulable, es decir, que si uno de nosotros no puede pagar su tenencia, predial o lo que sea, en una sola exhibición, que se estableciera un sistema en el que, mediante un número –fácil en los bancos hoy en día, con un número CLABE- para que pudiéramos abonar cantidades determinadas, a fin de que, para el mes de octubre tuviéramos pagado en su totalidad el impuesto correspondiente.
Imagine el lector que tenemos que pagar una tenencia de 4 mil pesos, y que nos dieran oportunidad de abonar 400 pesos al mes: entendemos que una gran mayoría podría ajustarse a ese beneficio, y el Estado tuviera más recursos frescos para obras y servicios a la comunidad.
Bien vale la pena el esfuerzo, y esto evitaría las molestas filas que ha tenido la Oficina Fiscal en estos días, con las consecuentes quejas de los que van a pagar a último momento y alegan que son insuficientes las guardias.
Probablemente tengan razón en una parte, pero hay que pensar que tuvieron todo el año para pagar, y nadie les dijo que fueran el último día, cuando la cantidad de causantes es impresionante.
Lo bueno de este programa es que muchos cientos –miles, suponemos- han ajustado cuentas con sus derechos vehiculares, y eso significa que hay más dinero que, deseamos, pueda aplicarse a obras de beneficio comunitario.
Viene enero de 2016 y con él, el nuevo pago de derechos vehiculares que, injustos o no, están ahí y hay que cumplirlos.
Sugerimos dos acciones: la primera, dirigida al Congreso del Estado y nuestros diputados, para que puedan adecuar el pago de derechos vehiculares a unidades con costo menor a 250 mil pesos y no 200 mil como está ordenado hoy en día, en el entendido de que se beneficiará realmente a la población y no a unos cuantos.
Y la segunda cosa que pedimos, que todos los que tenemos que hacer estos pagos los hagamos en tiempo y forma, para evitar grandes colas, grandes molestias y poder exigir al gobierno un buen año de administración.
Para nuestros diputados la tarea de no encarecer los derechos vehiculares para sus representados, que sería una buena causa con contenido social y humano.
Y a los causantes: hay que pagar para exitir, no hay de otra.